Vamos a finalizar agosto y se agotan todas las esperanzas de tener temporales cordilleranos que depositen la nieve necesaria para asegurar caudales aceptables en los escurrimientos que nutren nuestros ríos, en particular el que cubre la principal demanda para irrigación, consumo y reservorios. La pandemia de coronavirus ha demandado políticas sanitarias destinadas a enfrentarla, San Juan lo hace con el éxito de la provincia menos castigada y es razonable que hayan prioridades, pero no por ello deben descuidarse otras necesidades vitales.

Hasta ahora los pronósticos hídricos son negativos, a menos de que puedan registrarse nuevas tormentas con precipitaciones níveas en la cuenca del río San Juan, a diferencia de las nevadas en las zonas precordilleranas, como la mayoría de las caídas en este invierno. Y las reservas de agua son escasas, apenas del 39% de la capacidad de los diques o un déficit de 830 hm3 con respecto a lo erogado a partir de 2015.

Ante este panorama la alternativa es el agua subterránea para cubrir la mayor demanda para los cultivos, un talón de Aquiles de nuestro sistema de irrigación. Hay en funcionamiento 30 pozos estatales de los 60 previstos para el funcionamiento durante el verano en los valles de Tulum, Ullum y Zonda, pero los regantes pusieron la mira en los pozos privados, que son más de mil, pero si las autoridades cubren los costos de mantenimiento alcanzarían con 130 disponibles para aportar a la red de riego, sumándolos a las baterías de Hidráulica.

Las urgencias de los productores se circunscriben en la esperada Ley de Sequía donde se definen políticas públicas para hacer frente a contingencias como el suministro de agua para la población en general y para el sector agrícola en particular, que esperaba esta norma para febrero pasado, de manera de comenzar otra temporada de riego con una infraestructura y normas definidas para mitigar el drama.

Los tiempos de los sembradíos y mantenimiento del aparato productivo son diferentes a los de la burocracia oficial y, como toda medida ejecutiva de estas características, requiere financiamiento que no es fácil conseguir en estos tiempos y tanto las obras requeridas como las disposiciones sobre los recursos disponibles, caso de declarar de utilidad pública las perforaciones privadas, no se concretan de un día para el otro.