En el Gobierno nacional están convencidos de que si quieren tener chances de reelección en las próximas presidenciables de 2019, deben mejorar varios aspectos vinculados con la economía y profundizar el concepto de transparencia y honestidad administrativa, una de las principales banderas enarboladas por "Cambiemos" desde el inicio de gestión. Para alcanzar este último objetivo se encomendó a la Oficina Anticorrupción (OA), que conduce Laura Alonso, la elaboración de una norma de autorregulación del Estado, para reemplazar a la antigua ley de ética pública, sancionada en los últimos meses del segundo gobierno de Carlos Menem y que ha estado vigente en el que se considera uno de los períodos de mayores irregularidades administrativas.

La nueva norma, que por ahora está en carpeta, pero que de acuerdo a lo previsto se conocerá, en líneas generales, en el transcurso de esta semana tendrá el nombre de Ley de Integridad, y en su elaboración han participado organismos como la Secretaría de Fortalecimiento Institucional, la Sindicatura General de la Nación, la Procuraduría del Tesoro y la Dirección de la Agencia de Acceso a la Información Pública que conforman la denominada "mesa de integridad".

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Lo que no está claro todavía es si el presidente Macri enviará el proyecto directamente al Congreso o si lo hará a través de los legisladores el próximo 1 de marzo, en el inicio del período de sesiones ordinarias. Otro aspecto que preocupa al Gobierno es que la iniciativa llegue con consenso, ya que será muy importante que no se le introduzcan demasiadas modificaciones para su sanción definitiva.

Respecto del contenido del proyecto, en los últimos días trascendió que prohibirá realizar una actividad en el ámbito privado sobre la que el funcionario tenga atribuciones; proveer bienes o servicios al organismo en el que ejerce su competencia e intervenir en gestiones judiciales contra el Estado. Los funcionarios deberán desprenderse de acciones o cualquier otro título emitido por sociedades vinculadas a su área. Para después de la gestión los funcionarios salientes no podrán tener una relación contractual con la dependencia pública en la que se desempeñaban.

La autorregulación propuesta tiene como principal objetivo evitar que el Gobierno sufra un mayor desgaste, después de algunos inconvenientes que se suscitaron, como el caso del ministro Triaca, una tarea que se presenta compleja cuando, precisamente, hay que impartir disciplina en las propia estructura de gobierno.