De acuerdo a los proyectos en marcha, todo indica que 2018 será el gran año del despegue de las energías alternativas en la Argentina porque empezarán a ejecutarse los proyectos privados firmados en los últimos 12 meses, de los cuales 26 ya están en construcción.

Se trata del Programa RenovAr, lanzado el 15 de octubre de 2015 por el Gobierno nacional, destinado a cubrir el 20% de su matriz energética con energías renovables para 2025, con inversiones externas por más de 7.000 millones de dólares. En este contexto, San Juan tiene el liderazgo de la generación solar en el país con 8,5 MW instalados, en tanto desde este mes comienzan a ejecutarse otros emprendimientos solares por 1732 MW en esta provincia y zonas del noroeste.

El potencial es tan grande que en el futuro la generación solar podría cubrir el 100% de la demanda local ya que hasta en suelo bonaerense pueden instalarse parques solares debido a que la radiación que recibe es superior a muchas zonas de Europa donde hay plantas solares muy efectivas.

Entre los más importantes proyectos que se ponen en marcha están los de la empresa china Jimco, en San Juan (80 MW); el de la francesa Neoen (100 MW), y el del grupo Diaser, en San Luis (14 MW), el de Jujuy de 300 MW y los seis proyectos por 100 MW en Mendoza, a cargo de la empresa estatal Emesa.

La energía renovable es más económica que la tradicional: un proyecto de los más económicos de RenovAr se cerró en 45 dólares por cada MW/h, mientras que hoy el gran usuario le compra a Camessa a 70/80 dólares MW/h. Esto se traduce en una economía significativa en la boleta domiciliaria.

En tan solo dos años la revolución energética verde de la Argentina es uno de los hechos concretos de radicación de capitales externos, traducida en millones de dólares para levantar decenas de parques de las distintas tecnologías (eólica, solar, biogás, biomasa y minihidro) generando empleo genuino y todo ello sin descuidar los planes hidroenergéticos y de generación nuclear a fin de cerrar el círculo de la energía limpia y sustentable.

Pero más allá de una política de Estado, es necesario reglamentar la ley 27.424 de "energía distribuida'.

por la que aquel consumidor que genera su propia energía no convencional puede vender el excedente a la red pública.