Las apps de delivery se han constituido en estos últimos tiempos en una de las actividades más promocionadas y de mayor crecimiento en cuanto al número de personas que trabajan para este sistema. Después de un período de crecimiento y expansión de este negocio, basado en la aceptación del público que lo ve como un recurso de gran utilidad y eficiencia, la Justicia intervino para ordenar la suspensión de las actividades por considerar que no respetan "íntegramente" requisitos legales y judiciales vinculados al funcionamiento del servicio.


Si bien estas organizaciones comenzaron sus actividades en Buenos Aires hace unos años, fue en estos últimos meses que alcanzaron su mayor crecimiento con la incorporación de varios centenares de cadetes; la masiva utilización del servicio por parte de la población y la adhesión al sistema de numerosos comercios, en su mayoría perteneciente al rubro de comidas rápidas.


Esta tendencia se difundió rápidamente desde la capital del país hacia las provincias, dando lugar a que numerosos jóvenes se presentaran como postulantes a trabajar. En nuestra provincia, una de estas apps de delivery tuvo muy buena aceptación tanto por parte de los jóvenes que querían trabajar, como de la gente que comenzó que utiliza este servicio habitualmente. No obstante desde el Ejecutivo provincial se hicieron algunas observaciones y se ha emplazado a la empresa para que cumpla con requisitos laborales y de seguridad de los trabajadores sin suspender sus actividades.


El fallo en cuestión de la ciudad de Buenos Aires fue dispuesto por el magistrado que está a cargo del Juzgado de Feria Contencioso Administrativo y Tributario Nro 2 de esa capital, y llama la atención por su contundencia. La medida es de cumplimiento inmediato por lo que la policía tiene instrucciones precisas de decomisar las mercaderías que transportan estas empresas, una actitud que es lamentable ya que ni el comercio ni los clientes son culpables de algo que tendría que arreglarse entre los responsables de la app y la Justicia.


En un país donde la generación de fuentes de trabajo no es sencilla, la Justicia no debería mostrarse tan intransigente y otorgar plazos para ir regularizando paulatinamente estos emprendimientos, sin suspender las actividades, como lo ha propuesto el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en beneficio de los trabajadores y de la población que ha aceptado esta modalidad por la comodidad que ofrece y la eficiencia del servicio.