El Gobierno nacional estableció a fines del año pasado un protocolo de vacunación para todo el ámbito nacional con prioridad para la población más vulnerable y los agentes sanitarios que están al frente de la lucha contra el Covid-19, un ordenamiento respetado rigurosamente a medida de la llegada de las dosis de inmunización. Pero Argentina volvió a tropezar en la misma piedra, la de la discrecionalidad y el acomodo, según las influencias y las cercanías al poder de los privilegiados al que llaman ahora "personal estratégico''.

La viveza criolla es tan vieja como el tango, pero ante una pandemia donde el país exhibe estadísticas preocupantes y la esperanza está en la inmunización, conocer que nada ha cambiado en las políticas discriminatorias que salen a la luz cuando son los propios beneficiados quienes hacen alarde de la impunidad que gozan. Hay una ofensa generalizada en la ciudadanía por una falta de respeto agravada si hay vidas de por medio.

La única estrategia conocida del Ministerio de Salud fue apartar 3000 dosis de vacuna del 1,8 millones recibidas y repartidas entre las provincias, sin indicar un destino, ahora conocido. Se pudo aclarar que tal reserva estaba destinada a las máximas autoridades de los tres poderes del Estado y nadie lo hubiese objetado, porque se debe resguardar la funcionalidad republicana, pero siguen apareciendo los elegidos mientras el escándalo ya se cobró un ministro y el descrédito de la política sanitaria se ha judicializado.

Para los 44 millones de habitantes la Argentina ha recibido 1.220.000 dosis de Sputnik V y 580.000 de Covishield india, mientras se espera un millón de dosis de la vacuna china Sinopharm, pero sigue sumando el saldo de dos millones de contagios y más de 51.000 muertes. Estas cifras indican la enorme responsabilidad de las autoridades para que la asuman con estrategias científicas y no a través de grupos de poder o de agrupaciones sectoriales como ha ocurrido en varios puntos de nuestro país o países extranjeros, al definir las campañas vacunatorias.

Estos papelones han tenido repercusión internacional por "abusos de principios de derechos humanos'', como lo califica Transparencia Internacional, advirtiendo que el orden de acceso a la vacuna debe ser transparente y basarse en criterios de salud pública, no de afinidades ideológicas.

Este escenario agrava en nuestro país una crisis de credibilidad que se suma a la sanitaria y económica. Con este desorden y descreimiento no será fácil para el presidente Alberto Fernández crear consensos en el Consejo Económico y Social que ha convocado. Ningún acuerdo se puede lograr en medio de la desconfianza.