Dina Boluarte se convirtió ayer en la nueva presidenta de Perú, la primera mujer en ocupar el cargo, después de que el Congreso destituyera a Pedro Castillo, que horas antes había anunciado la disolución del órgano legislativo, en una medida calificada como "golpe de Estado" por diversos sectores del país.

"Se ha producido un intento de golpe de Estado, una impronta promovida por Pedro Castillo, que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle", dijo Boluarte, que ocupaba la vicepresidencia del país desde julio de 2021, al hablar ante el Congreso durante su juramentación.

La abogada, de 60 años, pidió en su discurso una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional, con un "gabinete de todas las sangres".

Poco después ingresó al Palacio del Gobierno, de donde salió más temprano Castillo, que se encontraba por la tarde en la Prefectura de Lima. Castillo fue arrestado por 'el presunto delito de rebelión' y por 'quebrantar el orden constitucional', en un operativo dirigido por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

El Congreso de Perú, dominado por la derecha y enfrentado con el mandatario de izquierda desde su asunción, adelantó ayer unas horas la sesión donde tenía previsto tratar la tercera moción de vacancia (destitución) contra Castillo desde que asumió, por "incapacidad moral" derivada de supuestos hechos de corrupción en Perú, que tuvo 6 presidentes en 5 años.

Para remover a un presidente, la Constitución de Perú exige 87 votos, una cantidad de la que en principio no disponía la oposición, pero la decisión de Castillo de disolver el cuerpo cambió radicalmente el panorama y finalmente la destitución del mandatario cosechó 101 voluntades.

La decisión de Castillo de disolver el Congreso y decretar un estado de excepción fue considerada como un "golpe de Estado" por congresistas de varias bancadas, que de inmediato trazaron un paralelo con el autogolpe que protagonizó el expresidente Alberto Fujimori en 1992, cuando disolvió el Congreso.

Horas antes de que el Congreso se reuniera para debatir el pedido de vacancia, el mandatario dio un mensaje televisado en el que anunció la disolución del órgano legislativo, declaró un "Gobierno de excepción" y un "toque de queda a nivel nacional". Castillo acusó al órgano legislativo de "destruir el Estado de derecho, democracia y equilibrio de poderes".

También dimitieron otros funcionarios como los ministros de Economía, Kurt Burneo; de Trabajo, Alejandro Salas; de Educación, Rosendo Serna, así como el embajador del país ante las Naciones Unidas, Manuel Rodríguez Cuadros.

Pedro Castillo está salpicado por presuntos actos de corrupción durante sus 16 meses de gestión. El pasado 11 de octubre, el Ministerio Público presentó la acusación en la que se da cuenta que Castillo sería el presunto jefe de una organización criminal "enquistada" en el Estado que direccionó una serie de licitaciones de obras públicas durante su administración que empezó en julio del año pasado. La líder opositora peruana Keiko Fujimori instó al Congreso y a las Fuerzas Armadas a actuar.

Boluarte fue ministra de Inclusión Social y, a diferencia de la mayoría de los funcionarios de su gobierno, no estuvo involucrada en escándalos ni sembró sospechas de corrupción.

Aún así, la oposición parlamentaria pretendió destituirla por haber seguido figurando como presidenta de un club privado, a pesar de que por ley eso es incompatible con ser ministra. Sin embargo, esta semana el Congreso archivó el caso por considerar que no hubo incompatibilidades y de paso dejó sin efecto otra denuncia que sin mayores fundamentos se le había hecho por supuesto nepotismo.

• Una abogada casi desconocida

Dina Boluarte, quien fue proclamada ayer como presidenta del Perú por el Congreso es una abogada de 60 años con ideas de izquierda pero sin militancia en partidos. Aún hoy se sabe poco de la vida privada de Boluarte, quien nació en el empobrecido departamento andino de Apurímac, en el sur del país, y proviene de clases populares, como Castillo. Boluarte nació en Chalhuanca, una ciudad de menos de 30.000 habitantes a casi 3.000 metros de altura, y se tituló de abogada en la universidad privada San Martín de Porres, en Lima, donde también hizo un posgrado. En 2018, la anónima funcionaria tuvo su primera participación política, al postularse para alcaldesa de un distrito limeño de clase media, Surquillo, donde reside. Apenas obtuvo un 2,8 % de votos.