Los colombianos irán a las urnas hoy para elegir a su próximo presidente entre un abogado afín al libre mercado y un exrebelde izquierdista, en un segunda vuelta que decidirá el futuro del acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC y el modelo económico del país.

Después de tres semanas de una campaña cargada de denuncias, agresiones y mucha tensión, el delfín del exmandatario Álvaro Uribe, el joven senador Iván Duque, llega al balotaje presidencial como gran favorito, de la mano de los partidos tradicionales y todo el arco de la derecha y la centroderecha.

En frente estará al exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, representante de la izquierda quien perteneció a la desmovilizada guerrilla del M-19 y aparece unos 15 puntos porcentuales por debajo en las encuestas.

La gran sorpresa de la jornada la podría dar el voto en blanco, que en Colombia es considerado un voto válido porque uno tiene que tildar esa opción de manera explícita en la boleta.

"Una victoria de Duque no significará el final del acuerdo de paz, pero podría significar que se redujo a un mínimo", dijo Yann Basset, profesor de la Universidad de Rosario. "Una victoria de Petro probablemente significaría un período difícil de incertidumbre económica".

Duque, de 41 años, busca hacer cambios al acuerdo de paz, que considera demasiado indulgente con los exrebeldes, para obligarlos a que respondan primero ante la justicia por sus crímenes de guerra antes de ocupar cargos políticos.

Su iniciativa provoca preocupación entre algunos colombianos que temen que los cambios al acuerdo terminen en el regreso de miles de excombatientes a sus trincheras y provoquen una reactivación de la violencia y del conflicto armado que ha dejado unos 220.000 muertos en más de medio siglo.

En un intento por convencer a los electores indecisos, Duque suavizó su discurso y en la semana dijo a Reuters que no destruirá el acuerdo sino que le hará "correcciones" para garantizar una paz con justicia, verdad y reparación a las víctimas.

Petro ha criticado el acuerdo por no resolver la profunda desigualdad rural, pero dice que lo mantendrá intacto. Las modificaciones que plantea Duque no son fáciles de implementar debido a que el acuerdo fue ratificado por la Corte Constitucional y tiene el respaldo de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas. Independientemente de quien asuma el cargo de presidente el 7 de agosto, el panorama luce difícil.

La economía de 320.000 millones de dólares enfrenta una desaceleración, una nueva generación de grupos ilegales armados dedicados al narcotráfico controla zonas desalojadas por las FARC y casi un millón de inmigrantes venezolanos han llegado huyendo de la crisis económica y social en el país petrolero.

Aunque nunca fue un combatiente, Petro perteneció a la guerrilla del M-19 que se desmovilizó en 1990, y es mostrado como ejemplo de la manera en que los guerrilleros pueden hacer la transición a la política.

Su gestión como alcalde fue criticada y polémica. La Procuraduría General lo destituyó de su cargo transitoriamente por cambiar el sistema de recolección de basuras, pero fue reintegrado.

Sus oponentes lo acusan de querer implementar en Colombia un sistema socialista como el de Venezuela, que está inmersa en una grave crisis económica y social.

El economista de 58 años niega que sus planes de redistribuir la tierra subiendo los impuestos a los dueños de grandes extensiones de propiedades improductivas impliquen una expropiación.

Por su parte Duque, en menos de cuatro años pasó de ser un principiante en la política a convertirse en el hombre de confianza de Uribe y en candidato presidencial. Su cercanía con el expresidente en su principal ventaja y su mayor talón de Aquiles. Uribe es elogiado por muchos colombianos por enfrentar con mano dura a las FARC y haber mantenido un sólido crecimiento económico en su gobierno, pero es visto con recelo con otros que quieren una sociedad reconciliada.

Las promesas de Petro de aumentar los impuestos a los ricos y aumentar la inversión social han inquietado a los inversionistas, pero existen preocupaciones de que la agenda de Duque de reducir la tributación a las empresas también pueda empeorar el déficit.