Soldados brasileños respaldados por la policía desmantelaron ayer un campamento de partidarios del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro en la capital, un día después de que los manifestantes lanzaran el peor ataque contra las instituciones estatales de Brasil desde su regreso a la democracia en la década de 1980. En este contexto, de una tensa calma, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y los líderes del Congreso y del Supremo Tribunal Federal condenaron ayer en una declaración conjunta los "actos terroristas" ocurridos el domingo en Brasilia, mientras, la Policía Federal anticipó que acusará a cerca de 1.500 manifestantes que tomaron los edificios de los tres poderes.

"Los poderes de la República, defensores de la democracia y de la Carta Constitucional de 1988, rechazan los actos terroristas, de vandalismo, criminales y golpistas sucedidos el domingo en Brasilia", indicaron en una carta común que Lula publicó en su cuenta de Twitter.

El documento fue divulgado al término de la reunión que el mandatario mantuvo con los presidentes de la Cámara de Diputados, Arthur Lira; el STF, Rosa Weber, e interino del Senado, Vital do Rego. Además, Lula informó que se reunió por la tarde con gobernadores estatales -incluidos algunos aliados del exmandatario Jair Bolsonaro- y a lo largo de la jornada conversó por teléfono con varios líderes mundiales.

Más tarde, Lula se comunicó con el presidente de EEUU, Joe Biden, quien "expresó el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a la democracia de Brasil" y lo invitó a que viaje a Washington "a principios de febrero", informó la Casa Blanca en un comunicado. Por su parte, la Fiscalía brasileña informó que se abrió una investigación "para aclarar la eventual omisión del alto comando de la Policía Militar del Distrito Federal que posibilitó o facilitó la invasión y depredación de las sedes de los tres poderes en Brasilia".

En diversos videos del asalto se puede apreciar como algunos agentes de la Policía Militar conversaban amistosamente con los manifestantes o incluso los escoltaban para llegar desde el campamento golpista hasta la plaza de los Tres Poderes, un camino de casi siete kilómetros en los que los manifestantes circularon sin interrupción.

El Gobierno de Lula decretó el domingo una intervención federal en el área de seguridad de Brasilia.

En tanto, la Policía Federal informó que va a acusar a cerca de 1500 personas que fueron detenidas ayer cometiendo actos ilícitos en flagrancia y serán llevados al Complejo Penitenciario de Papuda, en Brasilia, informó el diario Folha de San Pablo.

Entre los aprehendidos se encontraban parte de los acampantes frente al cuartel general del Ejército en Brasilia, luego de que el juez de Moraes también ordenara a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado liberar cualquier tipo de vía o edificio público ocupado por partidarios de Bolsonaro en todo el país.

Imágenes reproducidas por el portal de noticias G1, del grupo Globo, mostraban personas cargando carpas y bolsos, mientras dejaban el lugar, luego que de Moraes diera un plazo de 24 horas para cumplir la orden.

El grupo de radicales se encontraba acampando en el lugar desde la segunda vuelta de las elecciones. Mientras tanto, la Policía de Brasil impidió ayer que militantes bolsonaristas bloquearan el acceso a las refinerías en al menos cinco estados del país. El suceso terminó luego de cuatro horas de ocupación de esos tres edificios, donde los agresores causaron toda clase de destrozos aún no valuados desde el punto de vista edilicio ni cultural.

• Gobernador frizado

La corte suprema de Brasil apartó de su cargo al gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, por 90 días, hasta que se aclaren los sucesos de este domingo con el intento del golpe de Estado. Lo acusan de haber liberado la zona para los ataques.