Poder supremo. La presidenta de la Constituyente, la excanciller, Delcy Rodríguez, informa sobre el decreto de Maduro que le entregó la potestad de legislar y suprimir al Congreso.

 

El conflicto institucional en Venezuela escaló nuevamente ayer con la decisión de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de asumir por decreto tareas de la Asamblea Nacional (AN, Congreso), en manos de la oposición, que de inmediato anunció que resistirá su ‘disolución‘ y convocó a una sesión de urgencia para hoy.

De todos modos, desde las filas opositoras se confirmó la decisión de la mayoría de su dirigencia a presentarse en las elecciones regionales de octubre.

La medida se tomó luego de que la directiva del Parlamento venezolano decidiera no acudir ayer a la reunión a la que había sido convocada por la ANC, un órgano que los opositores tildan de ilegítimo y ven como un instrumento del gobierno del presidente Nicolás Maduro para consolidar una dictadura.

Mediante decreto, el cuerpo plenipotenciario aprobó ‘asumir las competencias para legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico y financiero, los fines del Estado y la preeminencia de los derechos de los venezolanos‘.

La medida también basta ‘para dictar actos parlamentarios sin forma de ley vinculados con las referidas materias, conforme al mandato del artículo 349 de la Constitución‘, agrega el acuerdo, que alega el poder supraconstitucional de la Constituyente para emitir decisiones incontestables.

Los más de 500 representantes de la ANC celebraron entre aplausos esta declaración, que deberá ser publicada en Gaceta Oficial y comunicada a la directiva de la Cámara, presidida por el opositor Julio Borges.

La presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, dijo que la oposición que domina la Asamblea Nacional está a favor de los ‘más oscuros y groseros intereses imperiales‘ y llevó al país la violencia en las protestas contra el gobierno, que entre abril y julio dejaron 123 muertos, con el propósito de derrocar al presidente Maduro. 

La excanciller aclaró, sin embargo, que la decisión de asumir esas funciones del legislativo no significan la disolución de la Asamblea Nacional. Sin embargo, Borges afirmó en su cuenta de Twitter, que ‘la directiva de la AN y diputados de la Unidad no reconocemos ni acatamos disolución que pretende imponer Maduro a través de fraudulenta ANC‘, y convocó para hoy a una nueva sesión del cuerpo que preside. ‘El golpe de Estado perpetrado por la ANC es la profundización de las acciones que ejerce el régimen de Maduro contra AN y Constitución‘, agregó Borges.

Por su parte, el poderoso constituyente Diosdado Cabello afirmó que la AN debe reconocer a la ANC que ‘fue elegida por más de ocho millones de venezolanos para comenzar a trabajar‘. ‘Hoy la ANC asume algunas de las funciones de la Asamblea Nacional porque ellos no quieren participar en ningún proceso democrático’, dijo.

De igual manera, señaló que la Asamblea Nacional ‘no fue electa para dar un golpe de Estado, ellos fueron elegidos para legislar y brindarle a través de las leyes protección al pueblo venezolano‘, puntualizó.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, un reconocido crítico de la administración chavista, no dudó en afirmar que con esta decisión de la ANC se profundiza el ‘golpe de Estado‘. ‘La disolución fraudulenta de la Asamblea es profundización del golpe de Estado en Venezuela‘, tuiteó.

 

Está atado de pies y manos desde 2015

Aunque el Parlamento podrá seguir sesionando, la movida lo mantendrá atado de manos como ha estado desde su elección en el 2015, luego de que el Tribunal Supremo dictaminara que se encuentra en ‘desacato‘ tras no haber removido a tres diputados acusados de comprar sus curules. Desde que asumió a principios del 2016, el único poder en manos de la oposición no ha podido sancionar ni una ley. En los últimos días, el resto de poderes públicos -incluido el propio Maduro- desfilaron por la Constituyente para subordinarse a su poder plenipotenciario que reescribirá la carta magna y funcionará por dos años.