En un mensaje en su red social, “Truth Social”, el presidente Donald Trump, anunció que, bajo pedido de su secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, desplegará “todas las fuerzas necesarias para defender la asolada Portland“, y autorizó el uso de “fuerza total” para proteger las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) , en medio de la resistencia frente a sus políticas migratorias.
La respuesta en reacción ante el anuncio del magnate republicano, fue inmediata. En menos de 24 horas, más de 110 líderes políticos, comunitarios, comerciantes y empresarios difundieron una carta en la que piden al gobierno federal que “se abstenga de militarizar Portland”. El texto tuvo el aval de la gobernadora demócrata Tina Kotek, los senadores Ron Wyden y Jeff Merkley, el alcalde Keith Wilson, y de organizaciones sociales y privadas.
“La ciudad no necesita intervención militar”, sostiene el documento, que destaca una mejora significativa en los indicadores de seguridad: una caída del 51 por ciento en homicidios y una reducción del 30 por ciento en hechos de violencia con armas en el último año. “Portland está en proceso de recuperación, y las tropas federales amenazan ese avance”, agrega el texto.
El anuncio de Trump se produce tras un tiroteo en una instalación del ICE en Dallas, Texas, perpetrado por un hombre armado que, según los investigadores, pretendía atacar al personal y la propiedad del ICE. El hombre mató a un inmigrante detenido e hirió gravemente a otros dos.
Una instalación del ICE a unos 3 kilómetros al sur del centro de Portland ha sido el centro de protestas casi constantes durante todo el verano. La mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas, pero algunas han terminado con el uso de gas lacrimógeno y el cierre de las instalaciones durante varios días.
En consecuencia, durante la madrugada del sábado, el canal local KATU registró el arribo de vehículos blindados y personal armado a las inmediaciones del centro de detención del ICE en Portland. También se observaron los primeros incidentes: un manifestante fue detenido, y un agente federal empujó violentamente a otro, sin que mediara una provocación clara.
La decisión de militarizar Portland no es una política aislada en los planes del gobierno federal. Ya hubo despliegues en Los Ángeles, Washington D.C. y Memphis y otras ciudades gestionadas por demócratas. Trump no oculta su intención de avanzar con medidas similares en otras jurisdicciones que tildó de “santuarios” de la violencia, como Chicago, San Francisco y Nueva Orleans.
La carta de Portland descarta esa narrativa. “La retórica del presidente es inexacta y contraproducente para nuestra recuperación. Portland no necesita intervención militar”, señalan los firmantes. También se recuerda el impacto negativo que tuvo la presencia federal durante las protestas de 2020 en la ciudad, tras el asesinato de George Floyd. “La intervención militar infló las tensiones y extendió la duración de las manifestaciones”, argumenta el texto.
En conferencia de prensa, el alcalde Wilson, aclaró que este despliegue federal no fue solicitado ni autorizado por las autoridades locales. “El número de soldados necesarios en Portland es cero, tanto aquí como en cualquier ciudad estadounidense. El presidente no encontrará aquí ni anarquía ni violencia, a menos que planee cometerlas él mismo”.
La gobernadora Kotek, por su parte, indicó que se comunicó directamente con el presidente y con la secretaria de Seguridad Nacional, para advertirles que el envío de tropas sería ilegal, innecesario y peligroso, pero no recibió detalles ni cronología del operativo. “No hay ninguna amenaza a la seguridad nacional en Portland”, afirmó antes de agregar que había dejado en claro que “Portland y el estado de Oregón creen en el estado de derecho y somos capaces de gestionar nosotros mismos nuestras necesidades en materia de seguridad pública”.
Antecedentes a la crisis
El conflicto entre Portland y la presidencia de Trump no es nuevo. El gobierno argumenta de un supuesto “asedio” contra instalaciones del ICE por parte de “Antifa y otros terroristas domésticos”, aunque no presentó pruebas. Ya el viernes había hablado de “anarquía” y de “locos” intentando incendiar edificios federales al sur de Portland. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), manifestantes habrían “atacado y sitiado repetidamente un centro de procesamiento del ICE”.
Desde el Pentágono no han ofrecido detalles sobre cuántas tropas serán desplegadas ni qué funciones específicas cumplirán. “Estamos listos para movilizar personal militar y proporcionaremos actualizaciones cuando estén disponibles”, indicó un portavoz.
En este contexto, Trump firmó recientemente un decreto que designa al movimiento Antifa como “organización terrorista”. La medida preocupa a críticos del gobierno, quienes temen que se use para criminalizar la disidencia. Sin embargo, para figuras como su asesor de Gabinete, Stephen Miller, la amenaza es cada vez más real. “Estamos presenciando una sedición terrorista nacional contra el gobierno federal”, escribió en la red X.
El anuncio también coincide con un tiroteo en una sede del ICE en Dallas, Texas, donde murió un inmigrante y otros dos resultaron heridos. El FBI halló en el lugar un cartucho con la inscripción “ANTI-ICE”, lo que el gobierno considera una evidencia de una escalada organizada.
Guerra contra los migrantes
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha priorizado una política agresiva contra la inmigración ilegal, lo que el magnate denomina una “invasión” de criminales extranjeros. Alineado con figuras de su gabinete como el propio Miller, y el nuevo director del FBI, Kash Patel, el mandatario insistió en equiparar la protesta social con actos de terrorismo.
En ese marco, las decisiones tomadas respecto a Portland parecen responder tanto a cálculos políticos como a una lógica de confrontación que ya ha tenido consecuencias graves en el pasado. A medida que se acercan las elecciones, la militarización de las ciudades gobernadas por la oposición parece convertirse en un nuevo eje de campaña.
El impacto político se hizo sentir más allá de Oregon. En Washington, el gobernador Bob Ferguson advirtió que su administración se prepara ante un posible despliegue federal. Desde Seattle, el alcalde Bruce Harrell calificó las declaraciones de Trump como “ilegales y autoritarias” y aseguró que buscan “intimidar al pueblo y silenciar la libertad de expresión”.