El estudiante del colegio secundario privado religioso Nuestra Señora de Luján, Lucas Matías Salinas Gómez (18), recuperó ayer su libertad por orden del juez Eugenio Barbera, que así puso fin a su prisión preventiva domiciliaria con vigilancia electrónica. El joven sigue sospechado de haber cometido un presunto abuso sexual con acceso carnal contra otra alumna con discapacidad en los baños del edificio, el 10 de mayo pasado. Y aún no hay definiciones, tanto en la familia como en el colegio, acerca de si el acusado volverá a clases en el Luján ahora que está libre.

La decisión del juez fue la consecuencia directa de un pedido del fiscal del caso, Eduardo Gallastegui (UFI Anivi), quien consideró que se puede transitar lo que resta de la investigación (concluye en diciembre) con el imputado sólo sujeto a reglas de conducta, entre las que sobresalían: presentarse todos los días en una comisaría, no salir de la provincia ni el país, no acercarse a menos de 500 metros a la víctima y no molestarla, ni a ella ni a su familia.

El juez accedió a imponer la mayoría de esas obligaciones, excepto una: le ordenó presentarse una vez por mes a la seccional más cercana a su casa.

La liberación del estudiante fue uno de los puntos más salientes en una audiencia donde hubo nuevos planteos y cruces entre las partes.

Así, el abogado de la familia de la víctima, Agustín Idemi, pidió que se le hicieran pericias psicológicas al imputado, pero el estudiante y su defensor, Reinaldo Bedini, lo rechazaron. Idemi también informó que los padres estaban dispuestos a que le realizaran la pericia psicológica a la menor con el control de las partes, pero en el consultorio de la psicóloga que contrataron.

La Defensa insiste en que el alumno sea sobreseído porque la niña no tuvo lesiones y el cotejo de ADN dio negativo

Este último examen aparece como una prueba necesaria para Fiscalía, pero el juez lo había rechazado a pedido de la familia, por lo traumático que resulta el proceso para la menor: "No puedo permitir esa pericia, no se puede avanzar sobre la psiquis de una persona por más interés estatal que haya", había dicho el magistrado.

Ayer, el fiscal rechazó el planteo de Idemi y subrayó las garantías de hacer esa pericia en el Anivi. Lo mismo el juez, quien le sugirió al abogado hacer esa pericia de manera particular (sin intervención de la Defensa ni la Fiscalía) y aportarla luego. De todos modos, esos estudios no tienen el valor probatorio que consiguen cuando las partes pueden controlar esa prueba.

La Defensa considera que su cliente debe ser sobreseído, porque un informe médico demostró que la menor no sufrió lesiones en sus genitales y porque salió negativo el cotejo de un ADN entre material genético de un hombre hallado en una bombacha de la menor y el aportado por su cliente, lo que implica que el atacante pudo ser otro. Sin embargo, Fiscalía y la Parte Querellante entienden que un examen de ADN no es la única prueba contra el alumno.

Por el momento, se cuenta con el hecho de que la menor reconociera "tres veces" a Salinas Gómez en una rueda de tres personas. Y que en su relato de los hechos ante los psicólogos del Anivi, mencionara que su atacante había sido un sujeto delgado, alto y de cabello enrulado.

La pericia psicológica es necesaria para Fiscalía, porque en ese estudio los psicólogos abordan a la menor sin consultarle nada del violento episodio, pero en tres o cuatro entrevistas aplican distintas técnicas que les permiten saber si presenta los indicadores típicos de una víctima de abuso sexual. Hoy, Idemi informará si la familia accede o no a que la niña sea abordada en el Anivi.