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San Juan, 28 de abril.- Tres personas denunciaron una práctica en común en el Instituto Provincial de la Vivienda: fueron a la División Operatoria y supuestamente se toparon con un empleado que les pidió dinero a cambio de favorecerlos con la adjudicación de una casa.
En base a los dichos de los tres denunciantes, el juez Maximilano Blejman, titular del Cuarto Juzgado de Instrucción, ordenó allanar el IPV. Allí procedió a secuestrar unas computadoras y 10.000 pesos que, investigan, podrían corresponder a potenciales víctimas del "empelado infiel".
Los peritajes en las máquinas serán clave, ya que allí esperan determinar si con el pago de este dinero el empleado (que no fue identificado y tampoco quedó detenido) favorecía en la adjudicación.