Para los investigadores judiciales del caso no quedaron dudas: la corrupción sexual de esas dos hermanitas (entonces tenían 13 y 11 años) se concretó en el mismo momento en que su sano sentido del sexo se vio interrumpido en forma violenta por la conducta de su mamá y la de su amante, muy alejadas de lo habitual. La acusación es que la mujer permitía y hasta alentaba a sus hijas a ver como normal que ellos, los mayores, anduvieran en ropa interior por la casa o directamente desnudos. Que toleraran los manoseos con que ese hombre las atacaba, con la excusa de que eran bromas o el hecho de que las fotografiara desnudas cuando se duchaban o en el dormitorio. También cuando las exponía a que vieran cuando ambos mantenían relaciones sexuales.

Pero las cosas no salieron bien para esa pareja. En noviembre de 2011 ella (ayudante terapéutica, 47 años) se fue de viaje a Mendoza con ese hombre a cuya casa llegó a trabajar como empleada doméstica, el topógrafo Carlos Eduardo Olivera (61) y al volver supo que las niñas ya no querían estar con ella y mucho menos con ese empleador que había convertido en su amante. Para peor, enseguida, el 5 de noviembre de 2011, les cayó encima la denuncia del padre biológico de las niñas.

Dos años después, el 12 de diciembre de 2013, Olivera terminaba condenado a 12 años de cárcel en la Sala II de la Cámara Penal por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores.

La madre de las niñas no llegó a juicio porque se fugó. Un juez pidió su captura el 14 de mayo de 2012 y casi 8 años después, en diciembre de 2019, la sospechosa fue detenida.

El próximo miércoles empezará a ser juzgada en la Sala I de la Cámara Penal por el juez Miguel Dávila Safe. La fiscal en el juicio será Marcela Torres y el defensor oficial Carlos Reiloba asistirá a la imputada (no mencionada para preservar a sus hijas).

La acusada podrá enfrentar un juicio común o acordar un abreviado a cambio de una rebaja de pena.