Las averiguaciones encaradas para saber si cabía atribuirle la culpa a alguna persona por la muerte del electricista matriculado Gabriel Pozo (37) el pasado 3 de febrero por la tarde en el barrio Las Viñas, Santa Lucía, concluyeron en el archivo del caso.
Así lo dispuso el fiscal coordinador de la UFI de Delitos Especiales Iván Grassi, luego de corroborar que hubo varios factores, incluida la responsabilidad de la propia víctima, que impedían avanzar con la causa.
Pozo pretendía instalar un equipo acondicionador de aire y había pedido a su ayudante que, a su vez, le pidiera al inquilino del lugar (la persona que lo contrató) que cortara la electricidad. Y ese hombre bajó la térmica, pero había una falla y la electricidad seguía pasando. Además, no había en toda la instalación de la casa (en el frente y el fondo, donde trabajaba) otro elemento clave: disyuntor. Según el dictamen, Pozo tampoco usó guantes o botas de goma o tomó alguna otra precaución para evitar el letal desenlace.