Los jueces Silvia Peña Sansó de Ruiz, Juan Carlos Caballero Vidal (h) y Raúl José Iglesias (Sala I, Cámara Penal) cerraron ayer un resonante y añejo caso de fraude con la promesa de una casa del IPV, con la salida más detestada por las víctimas, por lo menos 154 familias que perdieron cifras millonarias entre marzo de 2009 y abril de 2010. El tribunal resolvió que, al ser las estafas reiteradas que les imputan un delito con eventuales condenas de ejecución condicional (sin encierro) y ser primarios (no registrar condenas recientes) cabe aplicar el beneficio de la probation a tres de los acusados. Esa salida no acarreará ningún castigo para esos imputados porque implica la extinción de la acción penal, en otras palabras, el archivo del caso y la eliminación del antecedente en su planilla prontuarial.

Así, a Carlos Albornoz, Alejandra Dragui y Pedro Roldán se les suspenderá durante 2 años el juicio y serán sometidos a prueba 1 año con tareas comunitarias en favor de organismos de bien público, además de otras obligaciones de conducta.

También tendrán que abonar mensualmente el dinero que ofrecieron como forma de reparar el daño, que es otro requisito exigido para extinguir la acción penal: Albornoz, $18.000 en 6 cuotas; Roldán y Dragui, $12.000 en 12 cuotas, cada uno.

La mayoría de las víctimas se habían opuesto a ese pago y a la probation en sí, pero el tribunal les aclaró que era una "reparación simbólica y no integral", y que podían demandar en el fuero civil a los acusados para intentar recuperar lo que perdieron aquella vez: entre $7.000 y $20.000, y algunos vehículos.

La fiscal Marcela Torres se había opuesto a concederles probation a estos tres acusados, por dos motivos: entendió que la escala penal no lo permite; también lo rechazaba por la "exigua" suma ofrecida, que no guardaba ninguna proporción con el daño causado, argumentó.

En cambio, Fiscalía aceptó darles ese beneficio a otros dos acusados en la misma causa: Marcos Barragán y su madre Miriam Quiroga. Al llegar a juicio, estos imputados pidieron la probation pero luego desistieron y prefirieron ir al debate porque también se decían víctimas de Albornoz. Sin embargo el último lunes volvieron a solicitar la probation y el miércoles mejoraron a $50.000 en 18 cuotas su ofrecimiento como manera "simbólica de reparar el daño causado".

El fallo que aplicó ayer el tribunal se encolumna en una decisión de la Corte de Justicia, que permite otorgar probation en algunos delitos con posibles penas sin encierro y a los imputados (no funcionarios públicos) sin condenas recientes previas. Todo indica que Barragán y su madre también tendrán probation.

Si los acusados no cumplen con las obligaciones de conducta que les impuso el tribunal, se les revocará la probation. Y podrán ser juzgados y condenados.

Cómo captaban a sus víctimas

El megafraude con la promesa de una casa del IPV se denunció masivamente entre el 19 y el 20 de abril de 2010. Entonces salió a la luz que Carlos Albornoz era la cabeza visible del "Movimiento Agropecuario Provincial" un organismo sin personería jurídica que decía depender de un ente nacional y luchaba por los derechos de pequeños productores y las comunidades de pueblos originarios. Las víctimas denunciaron que el propio Albornoz les dijo que había hablado con el entonces gobernador José Luis Gioja y éste le recomendó canalizar su reclamo de vivienda en el IPV, y que se concretaría a través del Plan Federal II, entre otros.

Es más, muchos denunciantes dijeron haber sido atendidos directamente en el Centro Cívico. Al cabo de más de un año de pagar y no ver cumplida su promesa, denunciaron y todos los implicados terminaron presos y procesados, aunque luego quedaron libres porque la estafa es excarcelable.