Una aceitada estructura delictiva articulada sobre la base de lazos familiares y de pareja, con ramificaciones tanto adentro como afuera del Servicio Penitenciario Provincial, quedó a un paso del banquillo de los acusados. Se trata de una megabanda compuesta por 18 imputados que montó un lucrativo negocio de comercialización de cocaína y maniobras de lavado de activos por $113 millones, movilizando en total una suma superior a los $800 millones a través de billeteras virtuales, precisó el sitio 0264 Noticias.
Todos los integrantes de la organización criminal fueron acusados por el Ministerio Público Fiscal y deberán enfrentar el juicio en el Tribunal Oral Criminal Federal de San Juan, con fecha a confirmar. El fiscal federal Fernando Alcaraz formuló la acusación formal tras una exhaustiva investigación desarrollada entre agosto de 2024 y diciembre de 2025. Aunque no es la primera causa sobre tráfico de estupefacientes en el Penal de Chimbas, sí destaca como la de mayor envergadura por su compleja logística y cantidad de miembros.
Según la causa, el liderazgo de la banda estuvo a cargo de Rodolfo Daniel "el Jetón" Carrizo, señalado como jefe del Pabellón 4 (Sector 2) de la cárcel de Chimbas. Desde allí dirigía las ventas, registraba las deudas de los internos y ocultaba la cocaína en el taller de carpintería. Sus brazos ejecutores dentro del pabellón eran Facundo Martín Torraga y Gabriel Antonio Villarroel, encargados de la venta directa y del cobro mediante billeteras virtuales.
Los fondos digitales eran derivados al exterior a través de Ivana Gabriela Gómez, pareja del "Jetón", quien llevaba los registros contables, recibía las transferencias de los reclusos y gestionaba la compra de bienes.
En las calles, el negocio se expandía mediante otra ala del clan: Oscar Nahuel Carrizo (sobrino del "Jetón") y su pareja Carla Luciana Brizuela Robledo, coordinadores de la compra, fraccionamiento y distribución de droga en los barrios Noroeste III (Santa Lucía), 7 Conjuntos II y Villa del Sur (Chimbas).
El entramado sumaba búnkeres estratégicos: Marisa Matilde Robledo (suegra de Nahuel Carrizo) manejaba la venta en el Barrio 19 de Noviembre; Gustavo e Iván Dávila Ochoa distribuían en Villa del Sur; Federico Carrasco Garín y Lucas Pissano custodiaban el búnker principal en el Barrio Noroeste III, mientras que Graciela Rocha y Maximiliano Rodríguez Rocha vigilaban un puesto secundario en la misma zona. El narcomenudeo se completaba con Mercedes Roldán y Ramiro Castro González en las inmediaciones de los barrios 7 Conjuntos I y 19 de Noviembre, secundados por Celina Carrizo en la redistribución de fondos.
Millones en cuentas y lavado inmobiliario
Entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, la banda operó más de $800 millones a través de plataformas como Mercado Pago y Naranja X. Cuentas como la de Mauro Dávila Ochoa registraron ingresos por $247 millones (promediando $21 millones mensuales sin actividad formal declarada), derivando más de $169 millones a proveedores de cocaína en Mendoza. Por su parte, la cuenta de Marisa Robledo movió más de $171 millones como "caja central" del grupo.
Para blanquear las ganancias, la red utilizó como testaferros a Ceferino Oscar Carrizo y María de los Ángeles Andrada (padres de Nahuel Carrizo). Con un total de $113 millones ilícitos, adquirieron un Fiat Cronos 0 Km (comprado en febrero de 2025 por $21 millones) y cuatro parcelas en el Loteo Fénix de Santa Lucía: el Lote 19A ($6 millones), el Lote 19B ($14 millones), los lotes 12C y 12D ($30 millones en conjunto) y la cesión de un contrato por $42 millones a favor de Carla Brizuela Robledo.
El fiscal Alcaraz solicitó duras condenas para los involucrados: 10 años de prisión para Nahuel Carrizo; 9 años para Carla Brizuela Robledo; 8 años para el "Jetón" Carrizo y Marisa Robledo; 7 años y 6 meses para Gustavo Dávila Ochoa; 7 años para Gabriel Villarroel; y 6 años y 6 meses para Facundo Torraga. Para el resto de los eslabones, incluidos distribuidores y testaferros, las solicitudes oscilan entre los 3 y 4 años y medio de cárcel.
