Dos mujeres que estaban bajo arresto domiciliario también fueron trasladadas a la cárcel. Del Clan de la Viuda Negra hay solamente un prófugo.
José Rodríguez, Juan Ignacio Gómez, Carla Elizondo, Sofía Aguilera y Micaela Araya, los nuevos imputados del Clan de la Viuda Negra.
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La investigación contra el denominado El Clan de la Viuda Negra terminó con todos los acusados detenidos, imputados y con prisión preventiva en el Penal de Chimbas. Solamente hay un prófugo, que es el hijo mayor de Carina Fernanda Godoy, la jefa del grupo familiar que agarraba a adultos mayores vulnerables y los despojaba de todos sus bienes, incluso algunos perdieron sus casas.
La medida alcanzó incluso a dos mujeres, una hija y una nuera de Godoy, que hasta ahora permanecían bajo arresto domiciliario por ser madres de hijos pequeños.
La resolución fue adoptada por la jueza Mónica Lucero, quien subroga a la magistrada Verónica Chicón, durante una audiencia en la que se analizaron las medidas de coerción solicitadas por el fiscal Eduardo Gallastegui.
En total, son 10 los imputados que integran el grupo investigado, entre ellos hijos, conocidas, una nuera, un yerno y el esposo de la principal acusada, Carina Godoy. La magistrada dispuso que todos permanezcan detenidos durante tres meses, la mitad del plazo de seis meses que había solicitado el Ministerio Público Fiscal.
La Fiscalía fundamentó el pedido en la existencia de riesgos procesales, la posibilidad de que los imputados interfieran en la investigación y la necesidad de resguardar las pruebas digitales y patrimoniales que todavía deben ser analizadas.
Durante la audiencia, el fiscal del caso Eduardo Gallastegui y la ayudante fiscal Milena Berbari expusieron las maniobras que se atribuyen a los distintos integrantes del clan. Según la hipótesis fiscal, las víctimas, principalmente adultos mayores en situación de vulnerabilidad, habrían sido captadas mediante vínculos de confianza para luego avanzar sobre sus ahorros, gestionar préstamos y realizar operaciones que afectaban sus bienes.
Entre los casos expuestos, el fiscal mencionó movimientos de dinero provenientes de cuentas bancarias de presuntos damnificados que habrían terminado en cuentas de integrantes del grupo. También describió operaciones vinculadas con propiedades, cambios de titularidad de servicios y escrituras de nuda propiedad.
Uno de los episodios involucra a José Antonio Rodríguez, esposo de Carina Godoy, a quien se le atribuyen actos posesorios sobre inmuebles de presuntas víctimas. La Fiscalía señaló que, en diciembre de 2024, solicitó personalmente el cambio de titularidad del servicio eléctrico de una vivienda que pertenecía al médico M.A. Correa, jubilado como cardiólogo, con diabetes y ciego por completo. Hizo lo mismo con una casa de otro damnificado, Vicentela.
En otro tramo, se expusieron operaciones relacionadas con Manuel Gilberto Vicentela, fallecido en abril de 2021. Según la acusación, un poder de administración y disposición otorgado en febrero de ese año habría sido utilizado posteriormente para realizar operaciones sobre sus propiedades, incluyendo la transferencia de la nuda propiedad a los hijos de Godoy y el usufructo a la misma Godoy. De esta forma, los hijos de la jefa del clan herederan las propiedades cuando la imputada muera.
La investigación también comprende transferencias de fondos de otros presuntos damnificados hacia cuentas vinculadas con integrantes del grupo, entre ellos el yerno, Juan Ignacio Gómez, y la nuera, Sofía del Carmen Aguilera. Al primero le habrían entrado unos 35 millones de pesos sacados de un fondo común de inversión perteneciente al médico Correa.
La hija de Godoy que terminó imputada este lunes fue Camila Araya, que junto con su cuñada Aguilera, estaban con prisión domiciliaria, pero a partir de la decisión de la jueza Lucero, serán trasladadas al Penal de Chimbas.
La otra que terminó imputada fue Carla de Lourdes Elizondo Díaz, que fue encontrada con una de las víctimas, un anciano identificado como N. Pilas, de 80 años y analfabeto. Según fiscalía el hombre se encontraba deteriorado y no lo dejaban salir a la calle, mientras le vaciaban sus cuentas bancarias o pedían créditos en su nombre.
La única que declaró este lunes fue Aguilera, esposa de Jorge Matías Solar Godoy, hijo de Carina Godoy y único prófugo en la causa. La mujer declaró que cuidó a un hombre identificado como Miguel Ángel López, otra de las presuntas víctimas. Pero aclaró que lo hizo "de corazón" por pedido exclusivo del individuo. Para terminar, señaló que dejó de cuidarlo porque se le hacía imposible con la crianza de sus hijos pequeños.
Cabe destacar que ese este hombre de 75 años se encuentra desaparecido y estaba siendo buscando hasta donde supo este diario.
Los otros imputados son Rocío Belén Solar, Enzo Araya, ambos hijos de Godoy; Brisa Rodríguez Roldán, María Pugliese, Analía del Carmen Rodríguez, conocidas de la principal sospechosa y la mismisima Carina Godoy, la "Viuda Negra". A Brisa Rodríguez y Pugliese las encontraron con el médico Correa. Supuestamente lo cuidaban.
Los abogados Gustavo de la Fuente y Franco Vázquez, con la colaboración de Matías Quiroga, se opusieron al planteo de la Fiscalía. Entre sus argumentos, señalaron que en algunos de los hechos expuestos todavía no existían denuncias formuladas por los presuntos damnificados.
Además, respecto de las operaciones sobre los bienes de Vicentela, la defensa planteó una cuestión de prejudicialidad, al sostener que existe una controversia civil vinculada con las propiedades que todavía no fue resuelta.
El planteo apuntó a impedir que se formalizara la investigación penal sobre ese episodio mientras permaneciera pendiente la resolución de la cuestión patrimonial.
Sin embargo, la audiencia concluyó con la decisión de la jueza Lucero de imponer tres meses de prisión preventiva para los 10 imputados, quienes fueron enviados al Servicio Penitenciario Provincial. También dispuso que no se pueda realizar ningún tipo de operación inmobiliaria con seis o siete inmuebles que están en pugna con este legajo y ordenó la inhibición general de bienes de los imputados.
La causa continuará con un plazo de investigación de 12 meses, mientras la Fiscalía profundiza las medidas destinadas a reconstruir el circuito del dinero, determinar el alcance de las operaciones inmobiliarias y establecer si existen nuevas víctimas.
