Un hombre fue denunciado por amenazar a su ex pareja y entrar a su vivienda sin permiso en Rivadavia. La Justicia le otorgó una probation por un año y una restricción de acercamiento.
El acusado fue detenido tras un caso de amenazas y violación de domicilio denunciado ante la Justicia.
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Un caso de amenazas y violación de domicilio terminó con intervención policial y una resolución judicial en San Juan. Washington Daniel Elizondo fue acusado de ingresar a la casa de su ex pareja en Rivadavia y enviarle audios intimidantes por WhatsApp, en un episodio que derivó en su aprehensión.
El hecho ocurrió el sábado pasado, 7 de marzo, cuando el hombre se reunió con su ex pareja en Pocito para retirar a los tres hijos que tienen en común. Luego de ese encuentro, la mujer comenzó a recibir mensajes de voz con amenazas, en los que el acusado advertía que no quería encontrarla con otra persona en la casa donde viven los niños.
Según consta en la investigación, el hombre envió audios con insultos y amenazas a través de WhatsApp. En uno de los mensajes expresó: “Te voy a hacer mierda a vos y al hijo de puta ese”, en referencia a la sospecha de que su ex pareja estuviera con otra persona.
Horas después, cerca de las 14:30, la mujer regresó a su vivienda ubicada en Barrio Sierras de Marquesado, en el departamento Rivadavia, y al ingresar descubrió que Elizondo estaba dentro del inmueble, en una de las habitaciones.
De acuerdo con la denuncia, el acusado le dijo “así te quiero encontrar”, lo que desató una discusión entre ambos. Ante la situación, la mujer salió del domicilio y pidió ayuda a una amiga que pasaba por el lugar, quien alertó al 911.
Tras el aviso al sistema de emergencias, personal policial se presentó en el lugar, entrevistó a las partes involucradas y procedió a la aprehensión del sospechoso.
Durante el procedimiento se constató que no había daños en la vivienda, ya que el acusado aseguró tener una copia de las llaves del domicilio. Sin embargo, la mujer manifestó que el ingreso se produjo sin su consentimiento, ya que ella reside allí con sus hijos.
Posteriormente, la víctima fue trasladada a la Unidad Fiscal CAVIG, donde formalizó la denuncia y entregó los audios con las amenazas como prueba.
Finalmente, las partes alcanzaron un acuerdo de suspensión de juicio a prueba por el plazo de un año.
Entre las condiciones impuestas por la Justicia, el acusado deberá:
Realizar 40 horas de trabajo comunitario en un municipio en el plazo de cuatro meses.
Pagar una reparación simbólica de $150.000 en tres cuotas.
Mantener prohibición de acercamiento a 200 metros respecto de la víctima.
Asistir a un taller sobre violencia contra la mujer.
Si incumple alguna de estas condiciones durante el período fijado, la causa podría reactivarse y avanzar hacia un juicio penal.
