Solicitaron lo que sería la segunda condena contra el médico Miguel Amado por dos hechos de abuso sexual contra una paciente en el Hospital Federico Cantoni.
El médico Miguel Amado puede terminar en la cárcel, tras el cierre del debate.
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El juicio contra el médico Miguel Amado por abuso sexual en el Hospital Federico Cantoni de Pocito entró en su etapa final y la Fiscalía pidió una condena de cuatro años de prisión efectiva por dos hechos cometidos contra una paciente durante consultas médicas.
El fiscal Leonardo Arancibia, de la UFI CAVIG, sostuvo durante los alegatos que el profesional abusó de la denunciante en dos oportunidades dentro del centro de salud. Por ese motivo solicitó que se le imponga una pena de cuatro años y que además se unifique con una condena anterior de dos años que ya pesa sobre el médico por un caso similar ocurrido en otro hospital, el Ventura Lloveras, en Sarmiento.
De prosperar ese planteo, la pena única que deberá cumplir Amado sería de seis años de prisión efectiva.
La defensa, integrada por los abogados Marcelo Fernández, Nadia Derka y Ángel Torres, rechazó la acusación y pidió la absolución del imputado, argumentando que no existen pruebas suficientes para acreditar los hechos denunciados.
El proceso judicial se tensó durante el desarrollo del debate cuando la Fiscalía decidió ampliar la imputación y sumar un segundo episodio de abuso sexual a partir del relato brindado por la víctima durante su declaración ante el tribunal unipersonal, integrado por el juez Sergio López Martí.
Según la teoría del Ministerio Público Fiscal, uno de los hechos ocurrió durante una consulta médica en la que el médico habría realizado tocamientos indebidos, mientras que el otro se habría producido en circunstancias similares dentro del hospital.
La mujer debió incluso ser asistida por personal médico luego de su declaración, ya que sufrió una suba de presión arterial producto del estrés generado durante el testimonio.
La audiencia continuará este martes desde las 9 de la mañana, cuando el acusado tendrá la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras antes de que el tribunal dicte el veredicto que definirá su situación judicial.