La obstetra Saldívar Ozán apeló la pena de un año de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación por la muerte de un recién nacido durante un parto en 2021.
Daniela Saldivar recibió el apoyo de toda la comunidad médica, inclusive del Sanatorio Argentino, uno de los lugares donde sigue trabajando.
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A casi cuatro meses de haber sido condenada por mala praxis en un parto realizado en el Hospital Guillermo Rawson, la obstetra Daniela Verónica Saldívar Ozán intentó este lunes 9 de marzo de 2026 revertir la sentencia en su contra. La profesional busca que se anule el fallo que la declaró responsable de la muerte del recién nacido Lorenzo.
La médica participó de la audiencia de impugnación de sentencia acompañada por sus abogados defensores, los doctores Joaquín Moine y Martín Codón. En representación de la acusación volvió a intervenir el fiscal Francisco Micheltorena, quien llevó adelante la investigación cuando integraba la UFI Delitos Especiales y consiguió la condena contra la obstetra. Por la parte querellante, es decir, en representación de la mamá del pequeño fallecido y su padre, estuvo el abogado
El encargado de resolver si la sentencia se confirma, se modifica o se revoca es el juez Juan Carlos Caballero Vidal (hijo). Según se informó, la resolución se conocerá dentro de aproximadamente 30 días.
Si el fallo queda firme, Saldívar deberá cumplir la pena ya impuesta: un año de prisión condicional y cinco años de inhabilitación para ejercer la medicina, aunque el magistrado podría revisar la extensión de esa sanción.
La obstetra fue condenada por el delito de homicidio culposo, previsto en el artículo 84 del Código Penal, tras determinarse que incurrió en negligencia durante el parto ocurrido el 14 de junio de 2021.
En los fundamentos del fallo, difundidos en diciembre de 2025, el juez Alberto Caballero concluyó que la conducta de la médica fue “penalmente reprochable” por haber violado el deber de cuidado y las reglas básicas de la práctica médica.
La sentencia señaló que la obstetra del Hospital Rawson omitió ordenar una cesárea a tiempo, pese a que el trabajo de parto presentaba signos claros de estancamiento y riesgo fetal.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, entre las 6 y las 10.15 de esa jornada la dilatación avanzó apenas un centímetro, mientras el feto permaneció más de cinco horas en el plano de encaje I. Para el magistrado, esa situación configuraba una distocia evidente que exigía una intervención quirúrgica urgente.
Durante el juicio también se evaluaron otras decisiones médicas que, según la sentencia, incrementaron el riesgo para el bebé. Entre ellas se mencionó: la aplicación de analgesia peridural pese a la falta de progreso del parto; el traslado de la paciente sin un registro adecuado de monitoreo cardiofetal y la utilización de la maniobra de Kristeller, considerada en desuso o incluso prohibida en muchos protocolos médicos.
Además, el juez concluyó que el monitoreo fetal continuo, obligatorio en un parto inducido, no se realizó de manera correcta.
La autopsia y las pericias médicas establecieron que el bebé sufrió asfixia perinatal grave durante el trabajo de parto, lo que derivó en una hipoxia severa desde el nacimiento.
Según el informe forense, el recién nacido presentó asistolia y valores de APGAR extremadamente bajos, y falleció posteriormente por un fallo multiorgánico provocado por una necrosis isquémica global.
El juez descartó el argumento de la defensa que atribuía la muerte a una lesión hepática producida durante maniobras de reanimación, al considerar que se trató de una complicación posterior y no de la causa determinante del fallecimiento.
En su análisis, el magistrado también destacó que Saldívar ocupaba la posición de garante como obstetra de guardia y responsable del parto, lo que implicaba la obligación de tomar las decisiones médicas necesarias para evitar riesgos.
El fallo concluyó que la profesional actuó como autora material del hecho, descartando que el contexto de pandemia o la intervención de otros profesionales pudieran justificar su conducta.
La condena generó una fuerte reacción de la familia del bebé. Tras conocerse el veredicto, la madre de Lorenzo salió de Tribunales entre lágrimas y fue contenida por sus familiares y allegados.
Ahora, con la impugnación presentada por la defensa, la decisión final quedará en manos del tribunal revisor, que deberá determinar si la sentencia se mantiene o si la obstetra logra revertir la condena que pesa sobre su historial profesional.