Un caso de corrupción médica sacude al sistema de salud: procesaron y embargaron a dos profesionales por desvío de insumos peligrosos.
Escándalo en salud: médicos procesados por robar anestesia para uso ilegal
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Un nuevo caso de corrupción médica genera conmoción en el país tras el procesamiento de dos profesionales acusados de desviar fármacos sensibles. En el marco de una investigación judicial por desvío ilegal de medicamentos hospitalarios, la Justicia imputó a un anestesista y a una exresidente por administración fraudulenta en un reconocido centro de salud.
Los imputados son Hernán Boveri, anestesista, y Delfina Lanusse, exresidente, quienes se desempeñaban en el Hospital Italiano. Ambos fueron procesados por el juez Javier Sánchez Sarmiento, quien además dispuso la prohibición de salida del país y embargos millonarios sobre sus bienes.
Según la investigación, los acusados habrían aprovechado su rol en el área de anestesiología para manipular los controles de stock y sustraer medicamentos de alto riesgo, entre ellos propofol, un potente anestésico de uso estrictamente controlado.
El caso salió a la luz tras auditorías internas que detectaron inconsistencias graves en el inventario, donde los registros de quirófano no coincidían con el egreso real de ampollas desde la farmacia.
Con el avance de la causa, el expediente dio un giro aún más delicado al surgir pruebas y testimonios sobre el uso recreativo de estos fármacos en reuniones privadas, una práctica extremadamente peligrosa que puede provocar paros cardiorrespiratorios sin asistencia médica adecuada.
Ante la gravedad de los hechos, la institución decidió desvincular a Lanusse y suspender a Boveri, además de presentarse como querellante para colaborar con la investigación.
Los investigadores remarcaron que el desvío de este tipo de sustancias representa una de las faltas más graves dentro del ejercicio médico, ya que compromete recursos esenciales destinados al cuidado de la vida.
El procesamiento marca un precedente en delitos de “cuello blanco” dentro del sistema sanitario, dejando en claro que la formación profesional no garantiza impunidad frente a hechos de corrupción.