La investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa sumando elementos que comprometen la situación procesal de Claudio Barrelier, el único detenido por el crimen de la adolescente de 14 años hallada muerta en Córdoba tras varios días de búsqueda. La Justicia considera que existe un importante caudal probatorio en su contra y no descarta que puedan surgir nuevas imputaciones a medida que avancen las pericias.
Uno de los indicios más relevantes son las imágenes de cámaras de seguridad que registraron a Agostina ingresando a la vivienda de Barrelier la noche de su desaparición. Desde ese momento, la joven no volvió a ser vista. Además, un taxista declaró que fue el propio acusado quien la esperaba en el lugar y pagó el viaje.
Los investigadores también consideran clave el análisis de los movimientos del imputado. Registros obtenidos durante la causa ubicaron su teléfono celular en la zona de Ampliación Ferreyra, donde posteriormente fueron encontrados los restos de la adolescente. A ello se suman imágenes que muestran el ingreso y la salida de su vehículo de ese sector en horarios que son considerados de interés para la pesquisa.
Otro punto central está relacionado con las contradicciones detectadas en las declaraciones de Barrelier. Según la investigación, el acusado modificó en distintas oportunidades su versión sobre dónde había estado durante los días posteriores a la desaparición de la menor, algo que fue incorporado al expediente.
En paralelo, las pericias realizadas en la vivienda del detenido permitieron secuestrar distintos elementos que son analizados por especialistas. El fiscal Raúl Garzón sostuvo que existen evidencias de "amplio valor probatorio" encontradas en el domicilio del acusado, aunque por el momento se mantienen bajo reserva para no afectar la investigación.
A estas pruebas se agregaron los resultados preliminares de la autopsia. Los estudios forenses indicaron que Agostina murió por asfixia y que presentaba signos compatibles con abuso sexual, elementos que llevaron a la Fiscalía a agravar la acusación y recalificar el expediente como femicidio, delito que prevé la pena de prisión perpetua.
Mientras tanto, los investigadores continúan trabajando para determinar si hubo otras personas involucradas en el hecho. La hipótesis de posibles cómplices sigue abierta y forma parte de las líneas de análisis que mantiene la Justicia cordobesa.