Tras ser condenada por la triple muerte, una pareja vendió una propiedad y donó otra a sus hijos para no pagar una demanda civil realizada en su contra.
Muñoz y Scalise habrían cometido un fraude para evitar pagar una indemnización millonaria por la muerte de tres chicas.
Foto:
Una pareja condenada por un triple homicidio culposo en San Juan quedó bajo investigación por presuntamente intentar evitar el pago de una indemnización millonaria mediante movimientos de su patrimonio. La fiscalía apunta a la venta de una propiedad por $176 millones y la donación de otro inmueble a sus hijos, operaciones realizadas mientras avanzaba el reclamo civil en su contra.
El fiscal Atilio Yanardi, de la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas, solicitó este lunes la formalización contra José Oscar Muñoz y Teresa Elizabeth Scalise, investigados como presuntos coautores del delito de insolvencia fraudulenta. Quien tomó el caso fue el juez Alberto Caballero, el mismo que los condenó por el caso de homicidio culposo mediante juicio abreviado. El magistrado ordenó un cuarto intermedio para resolver este martes.
El caso tiene como antecedente una condena dictada el 10 de abril de 2024. En aquella causa, ambos recibieron tres años de prisión condicional e inhabilitación especial por seis años por el delito de homicidio culposo agravado por la cantidad de víctimas fatales. La pareja había alquilado un departamento monoambiente de forma temporal a dos chicas trans y a una adolescente de 17 años, que aparecieron muertas en el lugar a causa del monóxido de carbono.
El inmueble tenía una cocina, un calefactor y un calefón a gas, pero fueron instalados sin las habilitaciones o medidas de seguridad correspondientes. Además el lugar no tenía las rejillas de ventilación. Las tres chicas fueron encontradas fallecidas a las cinco de la madrugada del 12 de agosto de 2023, en un domicilio de calle Entre Ríos al 339 norte, en Capital.
Tras esa sentencia, Lorena Marta Otárola, por derecho propio y en representación de los intereses derivados de la muerte de su hija menor, inició una demanda por daños y perjuicios. La Justicia civil hizo lugar al reclamo y condenó a la pareja a pagar una indemnización, con los intereses correspondientes.
Según la hipótesis fiscal, mientras se encontraba en trámite el reclamo resarcitorio, Muñoz y Scalise habrían realizado dos operaciones que podrían haber dificultado el cobro de la deuda.
La primera se concretó el 16 de abril de 2025, cuando vendieron un inmueble por $176.000.000 a Carlos Sebastián Albano Reinuaba y Lorena Stefania Saladino Mora.
La segunda operación tuvo lugar el 23 de junio de 2025. En esa oportunidad, transfirieron mediante una donación a sus hijos una propiedad ubicada en Esteban Echeverría 460 Norte, en Capital.
Para la fiscalía, estos movimientos patrimoniales podrían haber tenido como finalidad impedir o dificultar que la damnificada cobrara la indemnización reconocida judicialmente. La acusación fue encuadrada provisoriamente en el delito de insolvencia fraudulenta, previsto en el artículo 179, segundo párrafo, en función del artículo 45 del Código Penal.
En el expediente interviene el abogado querellante Eduardo Sait, en representación de Otárola, mientras que la defensa de los investigados está a cargo de Andrés Bertagna. La responsabilidad penal de Muñoz y Scalise por este nuevo hecho deberá determinarse durante el proceso.
