La Fiscalía detalló cómo identificaron al joven acusado mediante pericias digitales y sostuvo que tenía y distribuía material de abuso sexual infantil.
El joven sanjuanino Alejandro Nahuel Pérez Molina está detenido desde que se originó la investigación en su contra, desde el 11 de octubre de 2024. Ahora con prisión domiciliaria en su casa de Capital.
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Un joven sanjuanino, Alejandro Nahuel Pérez Molina, comenzó a ser juzgado acusado de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, en una causa que expone un voluminoso caudal de pruebas digitales y que podría culminar con una condena de hasta 9 años de prisión efectiva.
Durante la audiencia, el fiscal Guillermo Heredia realizó un extenso relato en el que explicó cómo se logró identificar al imputado y reconstruir su actividad a través de dispositivos electrónicos, cuentas digitales y registros de conexión.
Según detalló el fiscal, la investigación se apoyó en reportes de plataformas tecnológicas y datos técnicos como correos electrónicos, direcciones IP y conexiones de internet. Esa información permitió vincular al acusado con los dispositivos desde los cuales se operaban los archivos.
Además, participaron múltiples profesionales coordinados por el ayudante fiscal Federico Pereyra y el colaborador Federico Martínez: peritos informáticos que analizaron los dispositivos secuestrados; una traductora, que volcó al español reportes provenientes de empresas como Facebook, Instagram y Google; un médico legista, que evaluó el material para determinar la edad de las víctimas y equipos de trabajo social y medicina, que elaboraron informes complementarios.
También se incorporaron datos de compañías como Enacom, Claro y Movistar, que ayudaron a establecer líneas, ubicaciones y actividad digital.
Uno de los puntos más graves de la acusación es la cantidad y tipo de material hallado. Según la Fiscalía, en los dispositivos del imputado se encontraron 1.555 archivos multimedia, entre ellos: 1.517 imágenes y 38 videos.
El contenido incluía representaciones de abuso sexual infantil, incluso con víctimas de muy corta edad. Parte del material habría sido compartido, ya que se detectaron rastros de distribución a través de redes sociales y plataformas como MEGA.
De hecho, los investigadores lograron establecer que al menos: 15 archivos fueron distribuidos; 13 enviados mediante MEGA (una plataforma japonesa que no envía reportes de actividad ilegal) y dos a través de Instagram. Por estos dos, la fiscalía recibió reportes internacionales y fueron los que originaron la investigación del caso.
Para la acusación, la cantidad, permanencia y organización de los archivos demuestra que no se trataba de simple almacenamiento, sino de tenencia con fines de distribución.
El fiscal también mencionó que el imputado habría mantenido contacto con una menor de edad mediante redes sociales, en conversaciones de contenido sexual explícito.
Esos hechos fueron derivados a la provincia de Santa Fe, ya que allí residirían la presunta víctima, por lo que esa línea investigativa continúa en otra jurisdicción.
La calificación legal incluye: distribución de material de abuso sexual infantil agravado y tenencia de ese material con fines de distribución. Ambos delitos están contemplados en el artículo 128 del Código Penal, y se aplican bajo la figura de concurso real, lo que eleva la escala penal.
El fiscal sostuvo que la pena solicitada, nueve años de prisión efectiva, se fundamenta en diversos agravantes: la gran cantidad de archivos encontrados, la edad de las víctimas (muchas menores de 13 años) y la distribución comprobada del material.
El contacto con menores es material de investigación de la Justicia de Santa Fe y aún no llega a juicio.
Pérez Molina tiene un antecedente condenatorio por el mismo delito en 2022. En ese sentido, remarcó que el acusado comprendía la criminalidad de sus actos y podía dirigir sus acciones, por lo que es plenamente imputable.
La Fiscalía adelantó que durante el juicio presentará testimonios, pericias técnicas y evidencia documental para sostener la acusación.
Con una escala penal que va desde más de cuatro años hasta más de nueve, el debate buscará determinar la responsabilidad del imputado en uno de los casos más sensibles investigados en el ámbito de los delitos informáticos en San Juan. En la defensa de Pérez Molina se encuentra el abogado César Jofré.