Después de que la Corte Suprema de Justicia dejara firmes las condenas en el caso conocido como La Ruta del Dinero K, el fiscal federal Abel Córdoba solicitó este viernes la detención inmediata de seis empresarios vinculados a una de las tramas de corrupción y lavado de dinero más resonantes de Argentina.
Se trata de Fabián Rossi, Julio Mendoza, Juan Alberto De Rasis, César Fernández, Carlos Molinari y Eduardo Castro, todos condenados por participar en maniobras de lavado de activos junto al empresario Lázaro Báez, quien ya cumple una pena de 12 años de prisión.
Los acusados deberán ser alojados en una unidad del Servicio Penitenciario Federal, aunque algunos presentaron certificados médicos para pedir prisión domiciliaria, amparados en problemas de salud o en su edad avanzada, ya que varios superan los 70 años.
Qué dice el fallo de la Corte
Este jueves, el máximo tribunal confirmó la sentencia contra los implicados, quienes hasta ahora habían permanecido en libertad. El fallo ratifica que los empresarios integraron una red delictiva que operó entre 2010 y 2013 y que logró lavar casi 55 millones de dólares a través de la financiera SGI, conocida públicamente como “La Rosadita”.
La causa judicial comenzó en 2013, tras una explosiva investigación del programa Periodismo Para Todos, de Jorge Lanata, que reveló cómo Lázaro Báez —empresario cercano a Néstor Kirchner— sacaba dinero del país rumbo a cuentas en Suiza. Las declaraciones de Leonardo Fariña y Federico Elaskar, difundidas en cámara oculta, fueron claves para destapar el escándalo.
Según la Justicia, los fondos obtenidos ilegalmente a través de la obra pública fueron expatriados mediante un complejo entramado financiero. Luego, los millones eran reintroducidos a Argentina simulando inversiones extranjeras con la compra de bonos y acciones.
La instrucción del caso determinó que esta operación criminal permitió lavar exactamente USD 54.872.866,69 provenientes de actividades ilícitas.
Con las condenas confirmadas por la Corte, y ante el pedido del fiscal Córdoba, el Tribunal Oral Federal 4 deberá resolver ahora si efectiviza las detenciones o concede beneficios como la domiciliaria.