Además, para los policías federales la Fiscalía solicitó la inhabilitación perpetua y una reparación económica actualizada que supera los $41 millones.
Los federales imputados por el hecho: El oficial subinspector Matías Joaquín Barbeito, el sargento Gabriel Ángel Puca, el cabo primero Marcos Horacio Altamirano y el cabo Matías Leonel Vega Ante.
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Este miércoles se desarrollaron los alegatos en el juicio contra cuatro efectivos de la Policía Federal acusados de haber sustraído una millonaria suma de dinero a un camionero durante un control realizado en 2024 en la zona de Vallecito, en el departamento Caucete.
El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Fernando Alcaraz, pidió condenas de entre 5 y 7 años de prisión para los imputados, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos en fuerzas de seguridad. También solicitó que la víctima sea resarcida de manera inmediata por el perjuicio sufrido, con un monto actualizado que supera los 41 millones de pesos.
Los acusados son el subinspector Matías Joaquín Barbeito, el sargento Gabriel Ángel Puca, el cabo primero Marcos Horacio Altamirano y el cabo Matías Leonel Vega Ante. Según la acusación, todos habrían participado del robo agravado, cometido en poblado y en banda, aprovechando su condición de funcionarios públicos.
En concreto, la Fiscalía pidió 7 años de prisión para Barbeito; 6 años para Puca y Altamirano; y 5 años para Vega Ante, considerando distintos grados de participación en el hecho.
De acuerdo a la reconstrucción del caso, el episodio ocurrió durante un control vehicular de rutina en abril de 2024, cuando el camión fue detenido por los uniformados. En ese contexto, los efectivos habrían detectado que el transportista llevaba una suma importante de dinero y, bajo el argumento de una supuesta inspección, se habrían apoderado de 20 millones de pesos.
El chofer advirtió el faltante poco después de ser liberado y radicó la denuncia, lo que derivó en una investigación interna y judicial que terminó con los cuatro policías en el banquillo de los acusados.
Por su parte, las defensas —a cargo de los abogados Fernando Bueno de la Cruz, Jorge Olivera Legleu y Leonardo Miranda— rechazaron la acusación y solicitaron la absolución de sus representados. Argumentaron que durante el juicio no se lograron acreditar pruebas firmes que vinculen directamente a los imputados con la desaparición del dinero.
El tribunal deberá ahora analizar los planteos de ambas partes y definir la responsabilidad de los acusados en un caso que generó fuerte repercusión por involucrar a integrantes de una fuerza de seguridad en un presunto hecho delictivo.