Seis de los siete ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, notificaron a la titular del Quinto Juzgado de Instrucción provincial, María Inés Rosselot, que adherían a su opinión de que el resonante caso conocido mediáticamente como la "Mafia de las 4x4", es competencia y debe ser investigado en su totalidad por el juez federal Leopoldo Rago Gallo, informaron fuentes judiciales. El correo con el fallo fue conocido en el juzgado a las 11.30 de ayer.

Así, será cuestión de horas para que aquella investigación que se inició el 12 de julio de 2009 y que hoy ya es un expediente con 24 cuerpos (unas 4.800 fojas), documentación anexa, el secuestro de más de 30 vehículos (la mayoría robados), centenares de autopartes y unos 20 imputados, pase al magistrado federal para que allí se resuelva si empresarios mineros y varias personas más ligadas a ese rubro, deben o no ser procesados por participar en una cadena delictiva que incluía el robo de camionetas 4x4 en varios lugares del país, principalmente Mendoza, y su adulteración para ser vendidas, alquiladas o desarmadas para aprovecharse como autopartes en el millonario negocio de la minería.

Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Carmen Argibay y Eugenio Zafaroni firman el fallo por el que se resuelve dar intervención definitiva al juez federal, quien había rechazado intervenir porque sostenía que los delitos ordinarios prevalecían sobre los federales, dijeron las fuentes. Eso había opinado la juez provincial cuando le manifestó a Rago Gallo, el 14 de setiembre de 2009, que debía ser él quien siga la investigación porque estaban afectados intereses nacionales de su competencia, ya que había detectado la adulteración de documentos en los vehículos y también el de Guillermo Criscuolo (aún prófugo) señalado como mentor y principal cabecilla de la organización, pues en los predios que administraba en Ullum hallaron, al comienzo de la investigación, una retroexcavadora robada en Mendoza, varios vehículos robados, innumerables autopartes en dos desarmaderos ilegales y en su PC datos que lo ligaban a las falsificaciones de documentos de vehículos y personas, dijeron fuentes judiciales.

"Es evidente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha corroborado mi opinión de que había un interés nacional en juego que se ve afectado, que es la credibilidad de las instituciones de la Nación tal como la Dirección Nacional del Registro de Propiedad del automotor y el Registro Nacional de las Personas", dijo ayer la juez en su despacho, en gran medida ocupado por la voluminosa causa de las 4x4.

Todo se inició el 12 de julio de 2009 cuando se halló en Ullum una retroexcavadora robada el día anterior en Lavalle, Mendoza, y por casualidad se destapó una olla delictiva sin precedentes en la provincia.