A pesar de haber rechazado todos los planteos de la defensa de José Castro, el juez aceptó que otro magistrado revise su decisión en segunda instancia.
El intendente de Angaco, José Castro, y los concejales Alberto De Los Ríos y Alejandro Paredes. El edil Roberto López vivió la audiencia por Zoom, ya que tenía un viaje programado fuera de la provincia.
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La formalización de la investigación por una polémica ordenanza contra el intendente José Castro y tres ediles quedó en pausa. Pese a haber rechazado todos los planteos de la defensa del jefe comunal, el juez, Gerardo Fernández Caussi, aceptó que otro magistrado revise su decisión en segunda instancia.
La audiencia en la que fiscalía Delitos Especiales busca imputar al intendente de Angaco, José Castro, y a tres concejales por la controvertida ordenanza aprobada para intentar frenar un juicio en su contra tuvo este lunes un giro inesperado y dejó, por ahora, un respiro para los acusados.
El encuentro en Tribunales se reanudó, pero no prosperó mucho en su desarrollo natural. El juez de garantías Gerardo Fernández Caussi había rechazado inicialmente los planteos de la defensa sobre prejudicialidad e incompetencia del fuero. Sin embargo, el abogado Marcelo Fernández, defensor del jefe comunal, volvió a tomar la palabra e impugnó la resolución.
El planteo fue acompañado por el abogado de los concejales implicados. Desde la fiscalía, el fiscal Francisco Nicolía rechazó el recurso y solicitó continuar con la audiencia para formalizar la investigación penal.
Pese a esa postura, el magistrado resolvió admitir la impugnación presentada por la defensa y dispuso un cuarto intermedio hasta que otro juez analice el planteo. De esta manera, la imputación contra Castro y los ediles quedó momentáneamente en suspenso.
La investigación busca determinar si el intendente y los concejales Alberto de los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López incurrieron en delitos al aprobar una ordenanza que habilitaba un acuerdo para intentar cerrar el proceso penal que enfrenta el jefe comunal.
Según la acusación fiscal, Castro impulsó un proyecto de conciliación mediante el cual se comprometía a donar 5 millones de pesos a Cáritas de Angaco como forma de reparación del supuesto daño, con el objetivo de obtener la suspensión del juicio.
La propuesta fue tratada en una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante y aprobada por mayoría simple con los votos de los ediles oficialistas. Luego, la defensa del intendente presentó esa ordenanza ante la Justicia con la intención de extinguir la acción penal.
Para el Ministerio Público Fiscal, esa maniobra podría constituir un intento de interferir en un proceso judicial en curso. Por esa razón, el intendente está señalado por los delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública, mientras que los concejales enfrentan acusaciones por abuso de autoridad y encubrimiento.
El expediente principal contra Castro se remonta a una denuncia presentada en 2019 por un exconcejal cercano a su espacio político.
En esa causa se lo acusa de haber utilizado maquinaria y personal municipal en un terreno privado ubicado en Chimbas, lo que derivó en una imputación por presunta malversación de caudales públicos.
El juicio oral por ese caso debía comenzar el 23 de febrero de 2026, pero fue suspendido hasta que la Justicia determine si el acuerdo aprobado por el Concejo Deliberante tiene validez jurídica.
El tribunal del debate, integrado por los jueces Juan Carlos Caballero Vidal, Víctor Muñoz Carpino y Miguel Dávila Saffe, fijó una audiencia para el 20 de marzo, donde se definirá si el proceso continúa o si el acuerdo puede ser considerado válido.
Mientras tanto, la nueva causa por la ordenanza abre otro frente judicial para el intendente de Angaco y los concejales que acompañaron la iniciativa, aunque por ahora la imputación quedó en pausa a la espera de la decisión de otro magistrado.