El hombre atacó, amenazó e ingresó varias veces sin autorización a la casa de su expareja a pesar de tener una perimetral. Irá preso por violencia de género.
Violencia de género en San Juan.
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Una serie de episodios de violencia de género, amenazas e incumplimientos de órdenes judiciales terminó con un hombre condenado a siete meses de prisión efectiva en San Juan. La investigación de la UFI CAVIG permitió acreditar distintas conductas contra su expareja, ocurridas entre septiembre y noviembre de 2026.
El caso tuvo una particularidad: pese a las medidas de protección que le había impuesto el Tercer Juzgado de Familia, el hombre volvió en reiteradas oportunidades al domicilio de la víctima y desobedeció las restricciones que le prohibían acercarse y realizar actos molestos o perturbadores.
Los hechos acreditados durante la investigación incluyeron un episodio en el que el hombre sujetó de los brazos a su expareja y le provocó lesiones, además de amenazarla de muerte. También se comprobó que ingresó sin autorización a la vivienda de la mujer en tres oportunidades y que desobedeció en cuatro ocasiones las medidas judiciales que le prohibían acercarse y realizar actos molestos o perturbadores.
Todos estos episodios ocurrieron entre septiembre y noviembre de 2026, pese a las restricciones dispuestas por el Tercer Juzgado de Familia para proteger a la víctima.
La resolución se conoció el 9 de noviembre de 2026, durante una audiencia en la que el juez de garantías, Eugenio Maximiliano Barbera, homologó el acuerdo de juicio abreviado presentado por las partes.
De esta manera, el acusado fue declarado autor penalmente responsable de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, amenazas simples (dos hechos), violación de domicilio (tres hechos) y desobediencia a una orden judicial (cuatro hechos), todos en concurso real.
Por esas conductas recibió una pena de siete meses de prisión de cumplimiento efectivo.
La investigación estuvo a cargo de la fiscal Florencia Pons Belmonte, junto a las ayudantes fiscales Tamara Ruiz y Victoria Salinas, y la auxiliar jurídica Virginia Merlo. La coordinación estuvo a cargo de Alberto Martínez y Claudia Ruiz.
La condena se produjo en el ámbito de la UFI CAVIG, que intervino en la investigación de los distintos episodios de violencia de género y en los reiterados incumplimientos de las medidas judiciales dictadas para proteger a la víctima.
