La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados avanzará esta semana con el análisis del proyecto que establece el agravamiento de penas para delitos cometidos por funcionarios y con el que modifica el Régimen Penal Tributario.
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La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados avanzará esta semana con el análisis del proyecto que establece el agravamiento de penas para delitos cometidos por funcionarios y con el que modifica el Régimen Penal Tributario.
El estudio de ambas iniciativas fue acordado hace dos semanas por el titular de la Comisión, Juan Carlos Vega (Coalición Cívica); por el radical Ricardo Gil Lavedra; y por el oficialista Alejandro Rossi, entre otros. El primero de los proyectos, impulsado por la oposición, ya había sido puesto sobre la mesa de trabajo en un par de oportunidades, y el martes a las 14 podría recibir dictamen favorable del plenario conjunto del que también tomarán parte los integrantes de la Comisión de Justicia.
El segundo, presentado en marzo por el Poder Ejecutivo, es impulsado por el kirchnerismo y también podría recibir un dictamen que reúna a oficialistas y opositores, aunque luego deberá pasar, para su estudio, a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La reunión para tratar este proyecto se realizará a las 15, una vez finalizado el plenario que se abocará al estudio de la primera de las iniciativas.
El proyecto de modificación del Código Penal que propicia el agravamiento de penas para aquellos funcionarios y jueces que cometan delitos de corrupción sufrió algunas modificaciones, que no alteran el espíritu de la iniciativa original. La iniciativa, impulsada por la oposición, establece penas de hasta 12 años de prisión para funcionarios que acepten "dádivas, favores, promesas y ventajas para sí mismo u otra persona a cambio de la realización y omisión de cualquier acto en ejercicio de sus funciones".
La pena sube a 15 años de reclusión e inhabilitación si quien incurriera en un delito relacionado con su tarea fuera un juez o un fiscal. También propone penas de hasta 8 años de prisión para aquel funcionario que no pueda justificar un "enriquecimiento patrimonial apreciable" luego de asumir su cargo, y hasta cinco años después de cesar en ese puesto. Las mismas penas le caben a quienes ayuden al funcionario a disimular el supuesto enriquecimiento ilícito. En tanto, incorpora la sanción económica de las personas jurídicas.
El proyecto impulsado por el gobierno establece, a través de modificaciones al Régimen Penal Tributario y al Código Penal, la suspensión del juicio a prueba. El texto prevé un esquema donde se establece llevar adelante efectivamente la aplicación de las condenas, en casos de evasión tributaria.
En este sentido, se elimina un instituto que hasta ahora permitía eximir de la aplicación de las penas con el pago por parte del contribuyente que estaba sometido a proceso. Por otro lado, se elimina el régimen de probation para la evasión tributaria y el contrabando. En otro capítulo se incorpora la figura del Ilícito Penal Tributario cuando se violenta al fisco provincial o al porteño.