En los próximo días, pasará por Tribunales una serie de testigos que podría ser vital para reforzar la hipótesis de que en torno a las expropiaciones se montaron negocios con jugosos dividendos en perjuicio del Estado. La jueza María Inés Rosellot llamó a declarar a la titular de San Vicente de Paul, Carmen Arévalo de Del Bono, y dos abogados para que expliquen en qué consistió una dudosa transacción económica que hicieron con Santiago Graffigna, señalado como el gestor de las maniobras para inflar el precio de los terrenos adquiridos por la provincia. Mientras que un fiscal pidió, en una causa conexa, que comparezcan los jueces Carlos Macchi y Roberto Pagés y un periodista por ‘la cadena de pago‘ que mencionó el primero en declaraciones al semanario Tiempo de San Juan.
Fuentes judiciales aseguraron que Arévalo de Del Bono fue citada para el próximo martes y que los abogados Fabián Gómez Bravo y Ulises Morales comparecerán el miércoles y el jueves respectivamente. La jueza de la megacausa los convocó por un pedido que presentó el fiscal de Estado Guillermo De Sanctis, planteando la necesidad de conocer un acuerdo económico que la mujer, con la asistencia de los dos profesionales, firmó con Graffigna y en el que podría haber en juego dinero obtenido en juicios de expropiaciones que están sospechados.
Todo deriva de dos conocidos casos de expropiaciones que están siendo investigados por Rosellot. Uno es el de Ruiz, Guillermo y el otro Suraty, en los que se presume que se cometieron irregularidades que atentan en millones de pesos contra las arcas públicas.
Según consta en la megacausa, Graffigna le aconsejó a Arévalo de Del Bono que le cediera a Ruiz los derechos de un terreno expropiado a cambio de 2.000 pesos y a Suraty un juicio de expropiación por unos 10 mil pesos. Graffigna fue el abogado de los compradores y en el primer caso obtuvo por la expropiación 25 millones de pesos, mientras que en el segundo al momento de la operación ya había sentencia por 1,2 millones de pesos. A todas luces San Vicente de Paul se vio perjudicada y según la mujer, fue engañada en su buena fe por el letrado que la asesoró.
Pero lo que llamó la atención de la Fiscalía de Estado fue que Griffin firmó hace poco un acuerdo con Arévalo de Del Bono en el que supuestamente le dio dinero para reparar el daño y fijaron una cláusula de confidencialidad para que no trascendiera el monto. En el organismo sospechan que es dinero que proviene de los juicios de expropiaciones, es decir mal habido, y piden que los protagonistas aclaren los hechos y que se embargue los fondos.
Los casos de Macchi y Pagés se deben a las declaraciones que el primero brindó al semanario Tiempo de San Juan. En una entrevista realizada por el periodista Sebastián Saharrea, el magistrado dijo que ‘la cadena de pago se rompió en algún lado‘ y a instancias de la Fiscalía de Estado, el fiscal Alejandro Mattar le requirió al juez Eduardo Gil que abra una investigación para saber si en las expropiaciones sospechadas hubo coimas.
Mattar solicita que se llame a declarar a Macchi, que está sospechado de cometer irregularidades para inflar el valor de los terrenos expropiados, para que aclare si hubo cohecho, o coima, y quién o quiénes cobraron. Además, pide que se les tome testimoniales al periodista que hizo la entrevista y a Pagés. A éste último, porque en declaraciones al mismo medio contó que Macchi le aseguró que no dijo lo que fue publicado. Para despejar la duda, el fiscal pide como prueba la filmación y el audio, en las que aparece la afirmación de la polémica. Fuentes judiciales dieron por hecho que Gil hará lugar al requerimiento fiscal, por lo que los jueces deberán declarar.