Se trata de los tres ediles de Angaco, acusados de beneficiar al intendente José Castro, para que zafe de un juicio por malversación de fondos.
El intendente de Angaco, José Castro; y los concejales Roberto López, Alberto De Los Ríos y Alejandro Paredes, en el banquillo de los acusados.
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DIARIO DE CUYOEn medio de la causa judicial que involucra al intendente José Castro y a concejales de Angaco por la polémica ordenanza que derivó en una investigación, los tres ediles cuestionados difundieron un comunicado público en el que defendieron su actuación y sostuvieron que actuaron dentro de la legalidad.
Se trata de Alejandro Paredes, Alberto de los Ríos —presidente del Concejo Deliberante— y Roberto López, quienes señalaron que comparecieron ante la Justicia para representar a los vecinos del departamento y defender el trabajo legislativo del cuerpo.
En el comunicado, los concejales explicaron que en la audiencia se pretendía iniciar un proceso de investigación para determinar si una ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante es válida.
Según afirmaron, durante la presentación judicial, junto a su representante legal defendieron “la legalidad de nuestro trabajo, la democracia y la verdad”, y reclamaron que se respete la ley de municipios y la independencia de poderes.
En ese sentido, sostuvieron que observan una “intencionalidad de mal informar” y de “pretender, con excusas fuera de toda razón, perjudicar a toda la comunidad departamental”.
Los ediles también hicieron referencia a que la audiencia pasó a un cuarto intermedio y manifestaron su expectativa de que el magistrado a cargo brinde claridad sobre la denuncia presentada.
Según señalaron, la acusación surge —a su entender— del “desconocimiento del funcionamiento del poder legislativo municipal”, al que definieron como el órgano encargado de sancionar las normas que rigen en el departamento.
Finalmente, los concejales remarcaron que fueron elegidos por la comunidad para cumplir y hacer cumplir las normas vigentes.
El comunicado se conoció luego de la audiencia judicial vinculada a la ordenanza que generó polémica política y que derivó en imputaciones contra el intendente José Castro y miembros del Concejo Deliberante de Angaco.