El oficialismo concedió ayer una serie de modificaciones al proyecto de la ley de medios con la intención de conseguir un mayor respaldo para la propuesta, que anoche, al cierre de esta edición, se encaminaba a aprobar en un plenario de comisiones. A pesar de la demora del dictamen, el oficialismo pidió anoche una sesión especial en Diputados para bajar hoy al recinto el debate del proyecto.
La marcha sin pausa del debate, que ayer tuvo como epicentro la reunión conjunta de las comisiones de Comunicaciones, Presupuesto y Libertad de Expresión, generó críticas de la mayor parte de la oposición, que reclamó un mayor tiempo de análisis.
Anoche continuaba el debate en la sala I del segundo piso del Anexo de la Cámara Baja y la voz cantante la llevaban los opositores, como la radical Silvana Giudici (presidenta de la comisión de Libertad de Expresión) o Juan Carlos Morán, de GEN, al igual que la peronista disidente Graciela Camaño.
El principal cambio fue la eliminación de las telefónicas en el negocio de la TV por cable, de acuerdo con el anuncio del lunes de la Presidenta que buscó revertir uno de los puntos más cuestionados por todo el arco opositor.
Otra modificación apuntó a la autoridad de aplicación, que pasó de cinco miembros de la versión original a siete, a propuesta de los bloques de centro izquierda Encuentro Social y Popular, Solidaridad e Igualdad y otros minoritarios, y será "descentralizado y autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional".
Según el nuevo texto, la autoridad de aplicación será ejercida por un presidente y un director designados por el Poder Ejecutivo; tres directores propuestos por los bloques parlamentarios para representar a la primera, segunda y tercera minoría; y dos directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, de los cuales uno deberá ser un académico de una carrera de ciencias de la información de una universidad nacional.
También cambió la definición del espectro radioeléctrico que pasó a ser considerado como de "bien público" y se precisó que la autoridad de aplicación, de aprobarse la ley, será controlada por la SIGEN y la AGN.
A pedido del ex arista Carlos Raimundi, el plenario pasó a cuarto intermedio para que la oposición analizara los cambios.
Pasadas las 19, tras retomarse la discusión, Giudici acusó al oficialismo de incorporar cambios "entre amigos", en alusión a las bancadas de centro izquierda que apoyan la sanción de la propuesta oficial; mientras con "los bloques de oposición no hubo ningún diálogo, ninguna consulta", completó la legisladora.
En tanto, el "margarito" Morán consideró "insuficientes" los cambios, acusó al oficialismo de votar una ley express y cuestionó que la autoridad de aplicación quede en manos "del kirchnerismo", en vez de ser "federal", al señalar que con esta norma los funcionarios designados en el organismo tendrán mandato hasta el 10 de diciembre de 2013, dos años después del fin del gobierno de Cristina Fernández.