Cuando el 27 de diciembre de 2007, Joaquín Ares, gerente de la empresa calera El Volcán, recibió la llamada de su empresa aseguradora de riesgos de trabajo indicándole que su póliza de seguros se había incrementado un 300 por ciento, intuyó que algo andaba mal. Al indagar sobre los motivos de tal aumento, la respuesta que recibió fue contundente: su compañía se había transformado de golpe, entre 2006 y 2007, en una fábrica de sordos, lo que generaba importantes reclamos indemnizatorios de su personal para con la ART. Al seguir con las averiguaciones, la situación se fue agravando. En sólo seis meses, la aseguradora había pagado 16 indemnizaciones por hipoacusia por unos 420 mil pesos, sobre un total de 23 reclamos. Esa situación no se condecía ni con los exámenes preocupacionales de su personal, ni con los que se realizaban periódicamente, ni con los partes médicos de sus empleados. Ante ese escenario, el empresario se reunió con sus trabajadores quienes, en un debate que tuvo ribetes tensos, blanquearon que habían sido asesorados por un grupo de abogados sanjuaninos y cordobeses y un intermediario, quienes a su vez les habían prometido cobrar importantes sumas de dinero, sin generarle un problema a la firma. Ares hizo la denuncia en marzo de 2008 y diez años y nueve meses después, la causa está entrando en la etapa final. Según fuentes calificadas, el fiscal federal Francisco Maldonado consideró que se completó la etapa de investigación, por lo que le solicitó al juez Leopoldo Rago Gallo que eleve la causa a juicio. Así, hay siete personas en la mira, entre ellos cuatro abogados y tres médicos, por cargos pesados como asociación ilícita, falsificación y uso de documento público, y defraudación en perjuicio a la administración pública. Un octavo implicado, Orlando Bruna, que habría actuado como intermediario entre los operarios y los profesionales, "levantado los clientes", falleció.

Los abogados procesados son Juan Manuel Azcona, Agustín Rodolfo Zumel, Ernesto Clavijo y Waldino Fabián Acosta Gómez. Para el caso de los médicos, en el expediente aparecen Gustavo García Larsen, Carlos Manuel Delera y Roberto Moya Ruiz. Todos con distinto grado de participación (Ver recuadro).

Según la investigación, los letrados y los médicos se las habían ingeniado para generar certificados falsos de incapacidad auditiva, con el objetivo de sacarle plata al Fondo para Fines Específicos del Estado Nacional, que usaban las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART). Ese fondo lo aplica la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) y es de uso específico para lesiones de hipoacusia. De acuerdo a la causa, al llevar adelante el mecanismo, los abogados cobraban el 30 por ciento de la indemnización, que en algunos casos ascendía a los 27 mil pesos.

Rago Gallo procesó en 2014 sin prisión preventiva a los implicados como miembros de una asociación ilícita. Dos años más tarde, la Cámara Federal de Mendoza confirmó el fallo y solicitó que se haga una pericia oficial. El estudio arrojó como resultado que en 58 de 64 obreros, las audiometrías no se correspondían "a hipoacusias inducidas por ruido". De los seis restantes, tres presentaron pérdidas "aunque no en valores indemnizables" y tres restantes, una afectación de "leve a moderada".

Los siete implicados en el expediente

Juan Manuel Azcona: está implicado como uno de los principales partícipes de la asociación ilícita. Bruna habría actuado con él, captando a los clientes. Junto a ellos intervenía los médicos Delera, García Larsen y Moya Ruiz, confeccionando los certificados truchos para defraudar a las aseguradoras.

Agustín Rodolfo Zumel: al igual que Azcona, con quien era socio del mismo estudio jurídico, está en la mira por haber integrado una asociación ilícita utilizando documentos falsos para defraudar al Estado.

Ernesto Clavijo: según la causa, el abogado actuaba junto a Waldino Acosta. Si bien no compartía el mismo estudio jurídico con Azcona y Zumel, intervenía junto a Delera para llevar adelante el mecanismo delictivo. Para llegar a los empleados de las caleras se vinculaba con Bruna.

Waldino Fabián Acosta: El abogado figura como socio junto a Clavijo, vinculándose en la generación de certificados truchos junto a los médicos.

Carlos Manuel Delera: de origen cordobés, en su calidad de médico, elaboraba los certificados falsos con el claro objeto de inducir en error a compañías aseguradoras.

Gustavo García Larsen: también es de Córdoba. Como Delera y Moya Ruiz, confeccionaba los certificados médicos falsos. Según el expediente, cada médico intervenía por cada uno de los trabajadores.

Roberto Moya Ruiz: tenía su consultorio en el mismo edificio que Azcona y Zumel. Además de emitir certificados médicos truchos, llegó a determinar el supuesto grado de incapacidad laboral de los trabajadores a los que se les diagnosticaba la sordera ocasionada.