El conflicto político que se desató a principios de año en Angaco escaló a tal punto que la oposición en el Concejo Deliberante inició un proceso de juicio político contra el intendente José Castro. Al frente de la embestida está un exaliado del jefe comunal, el presidente del cuerpo legislativo, José Risueño, quien cuenta con el apoyo de dos radicales. Los tres representan la mayoría que logró desencadenar el procedimiento y tienen la facultad, según dijo el primero de ellos, de sesionar y formular los cargos contra el titular departamental por el supuesto uso irregular del secadero municipal por parte de la empresa de la que es socio junto a sus hermanos y padres. En ese tablero, una pieza clave es un histórico socio de Castro, el edil Mario Pacheco, quien ha sido un férreo defensor del proyecto oficial, pero que ahora sembró dudas, ya que no fue tan categórico a la hora de respaldar al mandamás del Ejecutivo. "Tengo que estudiar las dos posturas y en base a la legislación, definir la decisión que tenga que tomar", destacó en líneas generales. La relación entre ambos está dañada y cargada de condimento político, ya que Pacheco había reconocido su malestar con el jefe comunal, a quien le endilga un destrato mientras potencia a su hermano, Alejandro Castro, para la sucesión en la comuna. Pese a ello, el concejal destacó que no mezclará ambas cosas.

La otra edil del equipo del intendente, Valeria Garay, se encuentra de licencia por maternidad, indicó el presidente del Concejo.

El procedimiento se abrió el jueves. Risueño y los ediles Sandra Escuela y Alberto Fernández sacaron una resolución con la que dispararon el juicio político. Angaco se rige por la ley Orgánica Municipal, la cual establece pautas generales para que el Concejo juzgue la responsabilidad política del jefe comunal, por lo que hay aspectos que deben ser cubiertos con decisiones internas. Por eso, los opositores establecieron en la resolución que el cuerpo deliberativo en pleno se constituirá como Sala Acusadora, que deberá recabar toda la información de la denuncia que se radicó por el uso del secadero y formular los cargos. Risueño aseguró que se reunirán el martes en sesión especial y que está decidido que formularán los cargos contra Castro. Tras ese paso, se lo notificará y se le otorgará 10 días hábiles para que haga su descargo en el marco de su defensa. El titular del Concejo señaló que con tres miembros pueden sesionar, pero indicó que arbitrarán los medios para que Pacheco asista, ya que no lo hizo en la sesión en la que sacaron la resolución del juicio político. Este último manifestó que concurrirá cuando sea notificado.

Luego del descargo que pueda hacer el jefe comunal, el Concejo se constituirá como Sala Juzgadora y en un plazo de 10 días corridos debe definir si lo remueven de su cargo, según determinaron los opositores. Pero para el desplazamiento es necesario el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros del legislativo municipal, esto es, cuatro manos alzadas. Si todo avanza como lo han planeado, Risueño, Fernández y Escuela irán por la remoción y ahí entra a tallar Pacheco. "Aún no tengo una postura definida", remarcó, a la vez que agregó: "Es una denuncia complicada, más allá de lo judicial, ya que tiene un impacto político negativo". Si se diera una destitución, la misma debe ser sometida a consulta popular. La denuncia que presentó Risueño apunta a que Castro armó el secadero municipal a medida de la empresa de su padre (de la que hoy es socio), ya que es la única que le saca provecho de manera gratuita.

El conflicto político en Angaco estalló en enero y tuvo todo tipo de ribetes (ver cronología).

04/01

Risueño expuso en el Concejo Deliberante el supuesto uso desmesurado de gasoil de las movilidades oficiales del departamento.

05/01

El intendente trató de corrupto a Risueño, ya que señaló que, pese a ser concejal, seguía cumpliendo funciones en la tesorería.

24/01

Risueño, con el apoyo de los dos radicales, desplazó al presidente del Concejo, Mario Pacheco. El exsocio de Castro asumió en su lugar.

02/02

Una fiscal pidió la apertura de la investigación contra Risueño por usurpación de cargo. Una denuncia del concejal, en cambio, fue archivada.

05/03

Castro denunció a Risueño por incumplimiento de sus deberes, ya que luego de que asumiera como titular del Concejo, cerró las puertas del recinto.

Un recordado antecedente de un proceso de destitución en un municipio se dio en Iglesia. En junio de 2006, el entonces concejal Jorge Espejo (hoy diputado) presentó un pedido de remoción contra el intendente justicialista Alfredo Allegui. Entre otros puntos, le endilgó incumplimiento de los deberes de funcionario público e irregularidades en los procedimientos de compra. En octubre de ese año, tras cinco horas de análisis, el Concejo Deliberante, por unanimidad, acusó al jefe comunal por 25 cargos. El propio cuerpo era el encargado de definir la destitución y se daba por descontado que ese iba a ser el camino. Pero a instancias del entonces gobernador José Luis Gioja, la Cámara de Diputados aprobó la intervención del municipio y la disolución del Concejo Deliberante. El exmandatario envió a Guillermo Leonardi como interventor.