Jorge Clavel, exdirector de la delegación local del PAMI, y el contador Leonardo Fabián Páez, quien fuera jefe del Departamento Contable, se encuentran a la espera de que el Tribunal Oral Federal fije la fecha para enfrentar un juicio por pedido y cobro de coimas. En uno de los hechos, le solicitaron dádivas a las autoridades de dos instituciones para que pudieran prestar servicios a la obra social de los jubilados, pero estas no aceptaron. Y en el segundo, sí habrían percibido las "comisiones" de comerciantes para que estos pudieran participar en la entrega de mercaderías a centros de jubilados, en el marco de un plan nacional de ayuda social, según revelaron fuentes judiciales.

No es lo único, ya que los dos están implicados en causas de fraude contra el PAMI por entregarle el trabajo de desinfección a la empresa Ditsa, que cotizó mucho más alto que su competidora; por pagar reparaciones eléctricas a la firma Sea, que nunca se hicieron o que se ejecutaron de manera incompleta; por aprobar el desembolso total de la cápita a la clínica psiquiátrica Modelo, pese a que había prestado un servicio deficiente, y por abonar la instalación de dos aires acondicionados cuando el trabajo estaba contemplado en la adquisición de los equipos, de acuerdo al expediente. Por todos estos hechos también se los acusó de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.

Según las fuentes, el fiscal federal Francisco Maldonado terminó de ofrecer la prueba sobre el último hecho en febrero y ahora el Tribunal debe fijar la fecha de juicio. El caso estalló en abril de 2014, cuando el juez Leopoldo Rago Gallo ordenó la detención de Clavel y Páez, quienes luego fueron liberados. El primero estuvo al frente del PAMI desde 2004 al 2010 y los casos bajo investigación se sucedieron en los últimos cuatro años de su gestión.

De acuerdo a la causa, ambos procesados les pidieron coimas a los directivos del Hogar Huarpes y de la Asociación de Clínicas de Oftalmología, pero estos se negaron a participar de la maniobra. En el expediente también figura que les solicitaron dádivas a proveedores a cambio de integrar un listado de beneficiarios que entregaban alimentos a centros de jubilados. En este hecho, algunos comerciantes sí habrían accedido, como el caso de San Juan Mayorista, según las fuentes.