Por distintos puntos de conflicto, entre los que el económico tiene un papel importante, la Asociación de Traumatología rescindió el 1 de septiembre el contrato de servicios con la empresa BASA, que maneja la Clínica Santa Clara, la cual atiende a jubilados del PAMI. Frente a la decisión, desde la compañía presentaron un amparo debido a que la baja del convenio se produjo sin cumplir con ciertos requisitos, junto a una cautelar para que los traumatólogos sigan con la atención a dichos pacientes. En ese último planteo, tuvieron el aval del juez de primera instancia, pero, con respecto al primer eje, hubo un rechazo. Por eso, la empresa apeló y la Sala IV de la Cámara Civil decidió prorrogar por 60 días la continuidad de las prestaciones médicas por parte de los profesionales, con el objetivo de que ambas partes puedan llegar a un acuerdo y solucionar los problemas. De hecho, el Tribunal fijó una audiencia de conciliación para este miércoles a las 11. Sobre el amparo, la cuestión de fondo, su resolución quedó para adelante.
El fallo que extendió el período para que los traumatólogos sigan prestando sus servicios fue de hace 10 días, pero trascendió a fines de la semana pasada. La resolución fue fundamentada por el camarista Juan Jesús Romero, mientras que su colega María Josefina Nacif adhirió a sus argumentos. En su voto, el magistrado sostuvo que su prórroga se basó "en la obligación constitucional" del Poder Judicial de "garantizar y preservar el derecho a la salud de los afiliados de las obras sociales que son atendidos en la Clínica Santa Clara, en especial, al sector de jubilados de PAMI".
De acuerdo al expediente, la institución había rescindido el contrato el 1 de septiembre debido a que le reclaman a BASA la actualización de los valores de las prácticas médicas, los que han quedado desfasados frente a la inflación y la crisis económica, además del pedido de condiciones de seguridad y medios técnicos, edilicios y personal de apoyo para poder cumplir sus tareas. A todo ello se suma que exigen la reincorporación de una médica que fue desplazada por la empresa.
BASA, a través de sus abogados, presentó el amparo con la cautelar, lo que recayó en el Tercer Juzgado Civil, a cargo de Luis Arancibia. El magistrado ordenó que los traumatólogos continuaran prestando el servicio para asegurar la atención de un sector vulnerable como los jubilados, sumado a que, luego, dispuso una prórroga de esa decisión por 10 días. En el medio, rechazó el amparo debido a que el convenio entre las partes autoriza la rescisión, de manera unilateral, sin causa y con un preaviso de 30 días, por lo que destacó que la decisión de la Asociación de Traumatología "no resulta arbitraria", dado que está establecida en el contrato. En su fallo, Arancibia también cuestionó a ambos protagonistas por "perder de vista el objetivo final del servicio", el cual "es la atención de los sujetos beneficiarios (…), quienes sí pueden verse afectados en sus derechos constitucionales reconocidos, principalmente, a la vida y a la salud".
La empresa apeló la negativa al amparo, por lo que entró a intervenir la Sala IV. Romero compartió partes esenciales de la sentencia de Arancibia y, además, votó a favor de la continuidad de la atención de los traumatólogos por 60 días, el cual "no este condicionado al resultado del juicio (el amparo), en cuyo contexto, las partes puedan acordar, modificar e, incluso, extinguir sus derechos contractuales, sin afectar el normal desenvolvimiento de los servicios médicos". El tema es complejo, ya que la Asociación nuclea a la totalidad de los profesionales.
Juan Jesús Romero – Camarista Civil
El magistrado fundó el voto de la resolución que prorrogó por 60 días la continuidad de la atención médica de los traumatólogos a los jubilados de la obra social PAMI. En su fallo, hizo hincapié en el punto de "humanizar el servicio de Justicia", dado que, en este caso, se trata de un sector vulnerable.
María Josefina Nacif – Jueza Civil
La magistrada adhirió a los fundamentos esgrimidos por su colega, luego de analizar el expediente. La causa llegó al Tribunal luego de la apelación de los abogados de la empresa BASA, debido al rechazo que había sufrido en primera instancia al amparo que habían presentado.