En Tribunales aseguran que es la primera vez que un magistrado querella a otro. El ministro de la Corte de Justicia Carlos Balaguer denunció por calumnias e injurias al juez Civil Daniel Olivares Yapur. En su fundamento, dice que el magistrado redactó y ventiló un acta que tiene relación directa con el pedido de juicio político que presentaron en su contra dos abogados el año pasado. Según el cortista, el acta contiene afirmaciones falsas contra su persona, que dan a entender que no está sano para ocupar el cargo. A los abogados, Eduardo Cáceres y Nasser Uzair, también los querelló y les pidió un resarcimiento de 50 mil pesos.
La presentación ingresó la semana pasada, pero recién trascendió ayer. Recayó en manos del juez correccional Juan Carlos Caballero Vidal (h), pero se excusó por tener relación de parentesco con el ministro del máximo tribunal y ahora, el que tiene el expediente es Enrique de la Torre, del mismo fuero.
La querella, en la que Balaguer suscribe como cortista y no como una persona común, le apunta directamente a Cáceres y Uzair por el juicio político que promovieron en su contra por prevaricato, violación de deberes, abuso de autoridad e incapacidad psíquica sobreviniente. Los diputados rechazaron en diciembre ese pedido y el cortista decidió ahora contraatacar, denunciándolos por calumniarlo e injuriarlo.
Pero la cosa no queda ahí. Los profesionales pidieron en esa oportunidad que se incorporara como prueba de la incapacidad psíquica y el abuso de autoridad un acta antigua -de otro tema que aparentemente nada tiene que ver con el pedido de destitución- que redactó Olivares, por lo que Balaguer también lo querelló.
El acta en cuestión fue certificada por una escribana y se refiere a un incidente que mantuvieron Balaguer y Olivares en una reunión en 2006. El cortista lo citó para que aclare supuestos dichos ofensivos que le endilgaban contra la Corte de Justicia y el magistrado, luego, dejó sentado por escrito lo que hablaron. Pero, según Balaguer, no dice la verdad. Asegura que nunca lo increpó y que el juez lo difamó al asentar en el escrito que no tiene facultades para discernir.
A raíz de ese desencuentro, Balaguer motorizó un sumario administrativo. Pero se determinó que no habían elementos para reprocharle a Olivares, no le formularon cargos y todo pasó a archivo.
Lo cierto es que, según la denuncia del cortista, el acta tiene relación directa con el pedido de destitución y el propio Olivares propagó su contenido, cuando en teoría se trataba de un escrito que se debía reservar.
La presentación causó sorpresa y revuelo en el Poder Judicial. En juego está el delito de calumnias e injurias, que prevé penas de uno a tres años de prisión.