Por orden del juez Federal Leopoldo Rago Gallo, policías allanaron el lunes en la noche la casa del español Carlos Fernández, de donde secuestraron elementos informáticos y documentación. Así, la Justicia está investigando si el exconcejal, que está en la mira en el país ibérico por un gran escándalo de corrupción, cometió o no algún delito en San Juan, donde vive desde hace 11 años. ¿Cuál es la sospecha? Si bien su defensa presentó actas, como la de su matrimonio, en las que aparece con su apellido original, hay dudas sobre qué documentos utilizaba para moverse, ya que solía presentarse públicamente como Hernández. En ese marco, saldrá a la luz si hubo o se descarta la falsificación de algún documento, indicaron fuentes ligadas al caso.

El español fue detenido el viernes por la Policía Federal, ya que pesaba en su contra un pedido de captura internacional de Interpol. Fernández se encuentra bajo la lupa en su país por el escandaloso caso Malaya, un entramado de asociaciones que encubrieron actividades delictivas de cohecho, malversación de caudales públicos llevadas a cabo por empresarios, abogados y dirigentes del Ayuntamiento de Marbella (el órgano de gobierno y administración de los municipios españoles). El sospechoso era concejal, se fue en 2006 y ese año arribó a Argentina.

Tras su captura, el Juzgado Federal Nº2 ya comenzó el trámite para informarle a la Justicia de España si le interesa su extradición (Ver aparte). Pero además, el magistrado ordenó una medida: el allanamiento de su vivienda en Rivadavia, la cual se produjo el lunes a eso de las 22. Los uniformados secuestraron dos notebooks, tres tablets, celulares, una PC, un pendrive y documentación del implicado. En el Tribunal hubo absoluto hermetismo, pero fuentes expresaron que se está averiguando la existencia o no de algún ilícito en la provincia. La hipótesis que buscará confirmarse o descartarse es la falsificación de algún documento.

Por su parte, según las fuentes, la defensa de Fernández ya pidió su excarcelación. El planteo se basó en su arraigo en la provincia y los vínculos que ha forjado. El español lleva 11 años en suelo sanjuanino, se casó en 2008 y tiene dos hijos, una nena y un varón, menores de edad. De hecho, presentó en la Justicia su acta de matrimonio y las de los nacimientos de sus hijos, en los que él figura con su nombre original, pero hay interrogantes sobre qué pasó con su DNI. En base a los años que lleva en San Juan y la familia que conformó, su defensa fundamentó que no hay peligro de fuga. Fernández se fue de España en 2006, cuando estallaba el escándalo Malaya.

Esa investigación comenzó en 2005 y fue de tal magnitud que al momento del juicio, en 2010, hubo 86 imputados. Entre ellos había un centenar de abogados, tres exalcaldes, concejales y empresarios vinculados a los sectores de la construcción, los toros y el fútbol. La trama defraudó las arcas municipales hasta en 460 millones de euros, lo que dejó el Ayuntamiento en quiebra. Fernández era concejal y está bajo la sospecha de haber recibido 150 mil euros que provenía de aportes de los empresarios, revelaron los portales y medios de España. Según trascendió de fuentes calificadas, sobre Fernández pesan dos pedidos de captura: uno de 2010 y otro de 2014, por los delitos de cohecho, corrupción, malversación de caudales públicos y fraude. En esos años, su familia española visitó asiduamente San Juan, al punto de que su hermano abogado es padrino de uno de sus hijos y su padre tiene a su nombre la casa sanjuanina, revelaron.

Extradición

Trámite

En el Juzgado Federal ya iniciaron el trámite para notificar a la Justicia española si están interesados en la extradición de Carlos Fernández. El país ibérico debe enviar el pedido formal de extradición. El procedimiento se realiza a través de las Cancillerías.

Detención

Según la legislación, el implicado puede estar detenido 30 días hasta que llegue el pedido de extradición. Si se vence el plazo, debe ser liberado, aunque se le imponen ciertas condiciones para que comparezca. Luego se hace el juicio de extradición.

Lupa periodística

Héctor Barbotta, a la izquierda, fue uno de los autores de "La última gota", el libro que narra el caso Malaya. El periodista habló ayer en Radio Sarmiento y contó que en la investigación "se descubre que un asesor urbanístico, Juan Antonio Roca, tenía controlado el ayuntamiento de Marbella. Cobraba coimas de los empresarios de la construcción y repartía dinero entre los concejales para convenios urbanísticos, saltándose la ley, lo que permitía construir más de lo posible y donde no se podía. Así se saquearon las arcas". En ese marco, señaló que Carlos Fernández quedó en la mira. Es más, indicó que éste ya tiene una "condena firme por apropiarse de 82 mil euros de un club de fútbol". Dijo que no comparte la tesis que salió en el Diario El Mundo de que Fernández era un informante y que le sorprendió que en San Juan fuera coaching de políticos, empresarios y deportistas.