El primer incidente ocurrió el 12 de septiembre de 2015, a raíz de la rotura de una válvula (foto) de la tubería que conducía solución cianurada por el valle de lixiviación. Además, se detectó que una compuerta que debía estar cerrada quedó abierta y en lugar de que el compuesto fuera al canal de contención, llegó hasta los ríos de la zona.


Como consecuencia del hecho, en marzo del año pasado y tras una investigación que duró más de 5 meses, el Gobierno provincial determinó que la empresa Barrick había incumplido con varios artículos del Código de Minería de la Nación y le aplicó un multa de 145.696.000 pesos que, al cambio de aquel momento, equivalían a casi 10 millones de dólares.


También hubo una investigación judicial, que llevó al juez de Jáchal, Pablo Oritja, a procesar sin prisión preventiva a 9 empleados de la minera, entre ellos quien ocupaba el cargo de gerente general, Antonio Adames.


Los delitos que les imputó fueron los que estaban contemplados en la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, que se aplica a quienes causan una adulteración peligrosa al agua, el aire o el suelo “por imprudencia o negligencia...o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas”.


Por este hecho, incluso se planteó una cuestión de competencia judicial, porque el juez porteño Sebastián Casanello abrió un proceso con posterioridad a la investigación de Oritja, quien tiene jurisdicción sobre Iglesia y Jáchal. Al final, la Corte Suprema determinó que la causa continuara en manos de este último.