Según la denuncia que presentó ayer la Obra Social Provincia (OSP) en la Unidad Fiscal de Investigación Delitos Especiales, una auditoría interna arrojó como resultado que una empresa dedicada a brindar alimentación a personas con internación domiciliaria tuvo un crecimiento exponencial en su facturación en el último tiempo. Del análisis realizado se detectaron cuatro irregularidades diferentes en, al menos, 25 casos que ahora son estudiados por la Justicia. Entre ellos se destaca que la OSP pagó servicios a personas fallecidas. En uno de esos casos, hubo liquidaciones durante un mes, luego de que la paciente perdiera la vida. Además, hubo prestaciones pagadas y no efectuadas; en otras se informaron como realizadas, pero que no existieron; y también se verificaron prestaciones no llevadas a cabo bajo el convenio previsto. Si bien la denuncia apunta al delito de fraude en perjuicio de la administración pública, que se castiga con dos a seis años de prisión, no se estableció un monto del daño ocasionado. Así, fuentes oficiales indicaron que ese dato surgirá de la investigación que se inició ayer con dos allanamientos que ordenó el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi: uno en la misma OSP y otra en la sede de la empresa involucrada: Garder Salud.

La denuncia fue realizada por el titular de la OSP, Miguel Greco, a primera hora de la mañana, luego del asesoramiento que recibió por parte de Fiscalía de Estado, el órgano encargado de defender el patrimonio y los intereses de la provincia. Incluso, el fiscal de Estado Adjunto, Gastón Orzanco, confirmó ayer que la entidad pedirá ser parte querellante en la causa para aportar pruebas y solicitar medidas. Así, de confirmarse que existió un perjuicio a las arcas del Estado, es un hecho que, luego de la causa penal, Fiscalía de Estado iniciará una demanda por daños y perjuicios para recuperar el monto pagado de manera irregular.

Garder Salud es una firma local dedicada al servicio para internación domiciliaria. Según el convenio que desde junio de 2020 tiene con la OSP, la firma está obligada a brindar alimentación enteral domiciliaria continua o intermitente a todo afiliado que lo necesite. La alimentación enteral es aquella que contiene todos los nutrientes necesarios y que se administra directamente al aparato digestivo, a través de una sonda o un botón gástrico, por ejemplo. Por cada módulo de alimentación enteral, la OSP paga una suma a la empresa. Fuentes oficiales indicaron que, de acuerdo al convenio entre la entidad sanitaria y la compañía, existen aranceles distintos si el servicio es brindado en el Gran San Juan o en el interior, valores que resultan clave a la hora de la investigación. Es que, para el caso de los distritos alejados, el servicio tiene un extra de un 30 por ciento por cada módulo alimentario.

Así, de los 25 casos que están en la mira, y en lo que presuntamente existieron pagos irregulares, incluido a personas fallecidas (ver Pagos por...), 11 pertenecen a pacientes domiciliados en distritos como Zonda, Caucete, Calingasta y Jáchal (este último, con ocho casos en la mira de la Justicia). Por otro lado, un dato relevante es que en todos los hechos investigados figura el nombre de un nutricionista, Federico Quintana, quien firmaba en nombre de la empresa todos los informes solicitando los módulos de alimentación enteral. Lo llamativo es que Quintana no fue presentado por la compañía al momento de definir el convenio con la OSP como el nutricionista a cargo y, si hubo un cambio de profesional, la entidad sanitaria nunca fue notificada, indicaron fuentes calificadas.

• Pagos por servicios a personas fallecidas

Entre los casos auditados figura el de una paciente que murió el 17 de abril, según lo que confirmó su hija con la presentación del acta de fallecimiento. Lo llamativo fue que el nutricionista Federico Quintana solicitó, el 12 de ese mes, 30 días de módulos intensivos de alimentación enteral, cuando la mujer fue internada ese mismo día en terapia intensiva. Esto es, se presentó una factura por ese servicio y la OSP lo pagó, pero la prestación nunca se brindó. En otro de los casos, existió un servicio por 22 días, pero la persona falleció al día 21, por lo que se facturó y pagó un día de más. Un hecho en estudio es por un paciente de Jáchal al que se autorizaron módulos por cinco meses, desde abril hasta agosto, y el propio paciente confirmó a la OSP que nunca los recibió.