Pese a que el proyecto de Reforma Judicial, que impulsa el oficialismo nacional, prevé beneficios para San Juan, los diputados opositores Marcelo Orrego, de Producción y Trabajo, y Eduardo Cáceres, del PRO, indicaron que no apoyarán la iniciativa. Según expresaron, el objetivo es no dar quórum, pero si el proyecto llegase a tener el número suficiente de legisladores presentes para dar el debate en la Cámara baja, votarán de manera negativa. La dura posición de los legisladores cierra la puerta que había abierto el gobernador Sergio Uñac, quien le había adelantado a este medio que hablaría con los opositores para que, por lo menos, respalden la parte de la iniciativa que apunta, entre otros puntos, a la creación de una Cámara Federal de Apelaciones en la provincia,

El mandatario se había manifestado agradecido con el Gobierno nacional y la senadora de Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, ya que, tras un pedido formal, el proyecto que busca un cambio en el Poder Judicial Federal (ver recuadro) contempla para San Juan, además de la instancia de apelación, la puesta en marcha de otra Fiscalía de Cámara, una Defensoría Oficial y un juzgado federal de primera instancia. Al ser consultado, Uñac había indicado que tanto Orrego como Cáceres, al ser abogados, "conocen cuál es la realidad de la provincia y la necesidad que tiene el litigante de contar con una Cámara de Apelaciones con asiento local". Por eso, había dicho que "es probable que los abogados les pidamos a ellos que este paso importante deba ser acompañado en el Congreso. Me voy a encargar de transmitirles eso".

Desde el Ejecutivo habían dado cuenta de tal necesidad. Incluso, en el escrito que le hicieron llegar a Fernández Sagasti, presidenta de la Comisión Bicameral Especial de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal, la provincia sostuvo que la creación de un nuevo fuero federal "permitiría paliar la sobrecarga de tareas que hay en la Justicia Federal de San Juan, esto porque, en la actualidad, la estructura federal se encuentra colapsada". Sobre ese punto, fuentes calificadas indicaron que, en materia penal, se tramitan unas 1.200 causas por año, de las cuales, poco más de 400 reciben apelaciones que deben ser presentadas en la vecina provincia. Así, los profesionales deben viajar unos 190 kilómetros para presentar un escrito. Por otro lado, dicha cifra no comprende los procesos civiles, por lo que el número final es más elevado.

Al ser consultado sobre el pedido del gobernador, Orrego manifestó que "lo que hoy necesita el país es una reforma económica, no judicial. Porque lo judicial puede esperar, pero la economía no". Además, apuntó que "este tema no es prioritario y no se puede tratar este tipo de reformas, tan clave, vía Zoom". Por otro lado, reiteró que "más que una reforma judicial esto parece una reforma política. Incluso, es un proyecto que no tiene consenso". Así, indicó que "no voy a dar quórum y, en el caso de que ellos consigan el número, mi voto va a ser negativo", a la vez que aclaró que "con Uñac tengo muy buena relación, pero él sabe muy bien cuál es mi postura".

Por su parte, Cáceres dijo que "esta es una reforma inoportuna y, por eso, nosotros vamos a trabajar para que se postergue hacia adelante". Así, sostuvo que "si bien puede haber una gota de algún beneficio en particular para San Juan, es una gota en un mar de sospechas y de sensaciones que intentan tapar la corrupción en Argentina". Esa situación "apaga y cancela cualquier justificativo para avanzar en una ley de estas características".

En qué consiste el proyecto de reforma judicial

El proyecto original fue presentado el 29 de julio por el presidente Alberto Fernández. El mandatario nacional hizo énfasis en la necesidad de un reordenamiento y en la ampliación de la Justicia Federal en todo el país, pero con el fin de diluir el poder de Comodoro Py. Dentro de los puntos centrales, el proyecto establece la creación del fuero Federal Penal con 23 nuevos tribunales. Por otro lado, respecto del sistema de juicios por jurados, se hará un análisis sobre los criterios para dar cumplimiento de la manera más eficaz al mandato constitucional.

En el caso de San Juan, el proyecto establece la creación de una Cámara Federal de Apelaciones, integrada por tres jueces. A ese cuerpo se le sumaría, una Secretaría de Cámara, una prosecretaría administrativa, un Jefe de Despacho, dos Oficiales, dos Escribientes y personal de servicio y mantenimiento. En total, serían 14 los puestos de trabajo que se crearían.

Para el Ministerio Publico Fiscal, sería necesario un fiscal de Cámara, dos secretarios, dos prosecretarios administrativos, un oficial y dos auxiliares. Mientras que para la Defensoría Oficial sería necesario crear el cargo de un defensor, dos secretarios, dos prosecretarios administrativos, un oficial y dos auxiliares. En total, se crearían 30 puestos de trabajo, sin contar al nuevo Juzgado Federal de primera instancia.------ Destacado Inicio ------