Es policía y está preso bajo la sospecha de haber facilitado el ingreso de droga en la provincia, lo que salió a la luz por una de las mayores incautaciones de marihuana de la historia. Al quedar detenido e involucrado en un hecho delictivo, fue suspendido de la fuerza y, luego, pasado a situación de revista pasiva, esto es, sin funciones y sin percepción de haberes, por lo que, desde febrero de 2020, no realiza los aportes a la Obra Social Provincia (OSP). Sin el pago, la entidad sanitaria le dio de baja a la cobertura de salud, lo que impactó en su grupo familiar, que contempla a su mujer y, en especial, a su hija, que es discapacitada y padece diversas enfermedades como hipotiroidismo, epilepsia, esclerosis y dificultades en el habla, entre otras. Ante la falta de cobertura esencial para la vida de la menor, el policía fue a la Justicia, que le ordenó a la OSP a dar una "cobertura integral de salud a la niña, de forma temporal y hasta que la provincia, a través de los órganos pertinentes, le otorguen protección asistencial integral", en orden a lo que establece la Ley nacional de Discapacidad.

La resolución judicial salió a fines de la primera quincena del mes desde el Cuarto Juzgado Civil, por lo que todas las partes, incluida la entidad sanitaria, están notificadas. El fallo se emitió de manera exprés, ya que el policía y su esposa, a través del abogado Gustavo Sánchez, presentaron un amparo al entender que, con la baja de la cobertura de salud, la OSP estaba "afectando, lesionando, alterando, restringiendo y amenazando los derechos y garantías de la salud" de su hija menor de edad. En esa línea, la Justicia hizo lugar al amparo y definió que la obra social debe mantener la cobertura integral hasta que la provincia le "otorgue una protección asistencial integral". Incluso, estableció que, mientras se produce el traspaso de prestación, la menor no puede quedar "sin la cobertura que necesita".

Para decidir en ese sentido, el titular del Cuarto Civil, Humberto Conti, indicó en el fallo que la menor se encuentra en un "doble estado de vulnerabilidad, debido a que es menor de edad y discapacitada", por lo que "estando su padre privado de la libertad, debo realizar medidas tendientes a la protección de su salud, teniendo en consideración que el Estado es el encargado de garantizar su salud y tratamientos". Además, se apoyó en cinco ejes clave para dictar de esa manera. El primero fue que, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ley con jerarquía constitucional, "el Estado tiene la obligación de garantizar la rehabilitación y la educación y promover la inserción de las personas con discapacidad". El segundo fue que la Constitución, los pactos internacionales y la Convención sobre los Derechos del Niño establecen que "el Estado tiene la obligación de adoptar medidas para garantizar el acceso de las personas con discapacidad a las prestaciones relacionadas con su salud"; mientras que el tercero apuntó a que "los jueces deben orientar sus decisiones en la protección especial de las personas con discapacidad". El cuarto eje fue que "los niños y niñas con discapacidad gozan de tutela especial en razón de su doble vulnerabilidad" y el quinto fue en base al "interés superior del niño". Las fuentes indicaron que, con el fallo, quedó claro que, si el padre es echado de la Policía, la menor tendrá asegurada la cobertura sanitaria.

Claves

Feria

El amparo fue presentado a principios de mes por el abogado Gustavo Sánchez, en representación de los padres de la menor, el cual recayó en el Cuarto Juzgado Civil.

Representación

Fiscalía de Estado intervino en representación de la provincia y de la OSP. En el juicio sostuvo que, al no realizar los aportes a la obra social, el afiliado y su grupo familiar deben ser dados de baja.

Asesoría de menores

La asesora de Menores intervino sugiriendo que el juez le ordene a la OSP que prosiga otorgando la cobertura necesaria para la menor, "debido a la patología que padece".

Cambios en la OSP

A fines de diciembre hubo cambios en la Obra Social Provincia. La movida fue obligada debido a la salida del exinterventor Daniel Gimeno, quien asumió como secretario de Política Económica en el Ministerio de la Producción. Su lugar en la entidad sanitaria fue cubierto por Miguel Ángel Grecco, quien hasta ese momento se venía desempeñando como subinterventor de la OSP. Grecco es médico pediatra, fue director del Hospital de Pocito Federico Cantoni y director del Programa Incluir Salud.

La encargada de poner en funciones al profesional fue la ministra de Salud, Alejandra Venerando, en un acto en el que estuvieron presentes el secretario Técnico Isidro Putelli, el secretario Administrativo Guillermo Benelvaz, la secretaria de Planificación Alina Almazán y el exinterventor de la OSP, Daniel Gimeno.