El juez Benedicto Correa, titular del Quinto de Instrucción, procesó a un trabajador del Ministerio de Educación que en abril transfirió fondos del Estado a su cuenta bancaria personal. Se trata de Mauricio Alberto Vega, quien quedó en la mira por el delito de estafa en perjuicio de la administración pública, agravado por el hecho de ser empleado público, señalaron fuentes judiciales. Además, el magistrado le trabó un embargo de bienes por 50 mil pesos, aunque el imputado puede apelar la resolución. En el caso de ser encontrado culpable, el acusado podrá recibir un castigo de 2 a 6 años de prisión, escala penal que permite la excarcelación.

El caso de Vega salió a la luz en agosto, luego de que la cartera que conduce Felipe De los Ríos hiciera una denuncia similar por otra empleada del Ministerio que utilizó el mismo mecanismo para desviar fondos del Estado a su cuenta. Esa causa es la de Sandra Deolinda Maya, que recayó en el Segundo Juzgado de Instrucción, a cargo de Pablo Flores, quien quedó imputada por el mismo delito. Con esa maniobra, la mujer logró hacerse con alrededor de 1.300.000 pesos en seis meses. Si bien la investigación de Maya comenzó primero, hasta el momento no tiene resolución, indicaron las fuentes.

En el caso de Vega, quien se desempeñaba en el área de liquidación del Ministerio, el juez Correa determinó que dio el alta de liquidación de sueldo a nombre de una mujer aparentemente ficticio. A esa asignación de recursos le colocó el CUIL de otra docente y asoció esos datos a su cuenta bancaria propia, desviando en abril 11.350,40 pesos, lo que generó un perjuicio económico al Estado, revelaron las fuentes. Según se pudo conocer, Vega destacó en su defensa que no hizo el desvío y que se enteró del mismo cuando le comunicaron la irregularidad.