A través de sus defensores, el cortista Juan Carlos Caballero Vidal buscó apartar al juez federal Leopoldo Rago Gallo y al fiscal Francisco Maldonado de la investigación por su presunta participación en delitos de lesa humanidad cuando era magistrado de primera instancia.

Sin embargo, ayer recibió su primer revés: la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza rechazó la recusación. La resolución le da el espaldarazo a Rago Gallo para que siga adelante con la causa, en la cual se había frenado la producción de pruebas hasta tanto tuviera justamente la confirmación de un tribunal superior. De acuerdo al procedimiento, ahora será el propio juez el que debe resolver si el representante del Ministerio Público sigue o no en el caso.

El fallo del Tribunal mendocino se conoció ayer, pero había salido el miércoles. Caballero Vidal había recusado a Rago Gallo porque entendía que al intervenir en la investigación por la causa de Héctor Cevinelli, quien fue secuestrado y torturado durante la dictadura militar, podía verse afectada su imparcialidad dado que el caso tiene una “íntima relación con los hechos que dan base a las imputaciones en mi contra”. Pero los jueces Roberto Naciff, Héctor Cortes y Raúl Fourcade rechazaron el planteo porque aseguraron que si bien abordó los hechos de dicho expediente, “no valoró ni se expidió acerca de la participación o responsabilidad penal” del hoy cortista, destacaron fuentes calificadas. 

Los defensores de Caballero Vidal pueden apelar la resolución ante la Cámara de Casación Penal de la Nación y si reciben otro revés, hasta la Corte Suprema de Justicia inclusive. No obstante, eso no impedirá que Rago Gallo siga adelante con la investigación. La misma se había suspendido y por lo tanto, la recolección de pruebas, hasta tanto el juez tuviera el OK de la Cámara mendocina, cosa que consiguió.

Por el fiscal

La defensa de Caballero Vidal señaló que el fiscal “debe garantizar la imparcialidad en su función”. Distintas fuentes consultadas aseguraron que en realidad, al representante del Ministerio Público no lo rige la imparcialidad sino la independencia. Por su rol, es el acusador y el que impulsa la acción penal.

Ahora que podrá retomarla, deberá definir si indaga al cortista. Y en el caso de que lo haga, también tendrá que decidir qué tipo de fueros tiene. Si son los que le concede la provincia, que otorga inmunidad de proceso, deberá pedir el desafuero a la Cámara de Diputados, que en ese caso debe encarar un juicio político, proceso que tiene como resultado final una eventual destitución. En cambio, si son los que provee la ley nacional de fueros, tranquilamente lo puede citar para que haga su descargo y avanzar con la causa hasta el final, ya que lo único que otorga es la inmunidad de arresto.

El caso estalló en mayo (Ver cronología), en una audiencia del segundo megajuicio por delitos de lesa humanidad. El testigo Pedro Bayugar contó que fue abogado de Héctor Cevinelli y tras su secuestro, el 12 de marzo de 1977, presentó un hábeas corpus ante Caballero Vidal, quien en esa época era el titular del Juzgado Nº6 de San Juan. 

Luego de que Cevinelli fuera liberado, Bayugar se reunió con Caballero Vidal en el Juzgado para informarle de esa situación y comentarle que quedaba pendiente el tema del robo de una moto. Fue en ese momento en el que el magistrado le dijo que “supongo que tendrán poderosas razones para olvidarse de todo lo sucedido”, a la vez que sacó una pistola 9 milímetros del cajón y la puso arriba del escritorio.

No es el único hecho, ya que luego el abogado Carlos Bula declaró en sede judicial que Caballero Vidal ordenó la autopsia de Alberto Carvajal por pedido del entonces jefe del RIM 22, pero no habría investigado cómo se produjo la muerte de la víctima (que fue brutalmente torturada en el Penal) ni habría enviado el resultado de la pericia forense a la Justicia Federal.
 

Las instancias en el año

8 de mayo

En la audiencia del segundo megajuicio por delitos de lesa humanidad, el testigo Pedro Bayugar contó la situación intimidante que vivió con el entonces juez Caballero Vidal. El Tribunal ordenó que se sacaran copias de sus declaraciones y se enviaran al fiscal federal.


7 de junio

El fiscal Maldonado imputó a Caballero Vidal como presunto partícipe necesario de los delitos de tormentos agravados, privación ilegítima de la libertad, amenazas y robo agravado, además de señalarlo como integrante de una asociación ilícita y de no promover la investigación penal.


8 de junio

Tras la imputación, el presidente de la Corte local, Adolfo Caballero, dijo que “el que haga esa imputación... se expone también a que se le vuelva la cosa en contra. No porque sea fiscal se va a llevar a todo el mundo por delante”. Recibió el rechazo de diferentes sectores.
 

14 de junio

Los investigadores le tomaron testimonio a Carlos Bula, quien fue el abogado de la familia de Alberto Carvajal, víctima torturada y asesinada en el Penal de Chimbas. Señaló que el entonces juez no investigó qué pasó con la víctima, pese a que ordenó su autopsia.


21 de junio

Los abogados Fernando Castro y Rolando Lozano, en nombre de Caballero Vidal, presentaron la recusación contra Rago Gallo y Maldonado. El planteo causó ma­lestar en la Justicia Federal, ya que entendieron que se trataba de una chicana. Para evitar nuli­dades, la causa se frenó.