La escribana Susana Celani quedó en la mira de la Justicia, luego de que un fiscal pidiera que sea investigada debido a que en su estudio se firmó la escritura por la venta de una casa al Arzobispado, cuyo propietario (un jubilado de 78 años) tiene graves problemas mentales, según denunciaron sus hijos. El abogado de la profesional, José Becerra, destacó que cumplió con todos los requisitos legales para constatar que el anciano no estaba inhibido para disponer de sus bienes y aseguró que en los encuentros que tuvo observó que presentaba ninguna incapacidad. No fue lo único, ya que calificó de "incoherentes" a los denunciantes, dado que resaltó que el padre les hizo anticipos de herencia con un inmueble a cada uno de ellos y que en esa operación no señalaron que tuviera inconvenientes psíquicos.

Fue el fiscal Carlos Rodríguez quien imputó a Celani de un tipo de defraudación agravada por haberle dado legalidad a la operación comercial, sin que hubiera tenido en cuenta los problemas mentales del vendedor. Sus hijos, Rubén y Sergio López, fueron los que expusieron, a través de certificados médicos de dos psiquiatras, que padece de "psicosis esquizofrénica y psicoafectiva crónica". Por eso, habían solicitado su internación judicial, la que le otorgó la jueza de Paz de Caucete, Luciana Salvá. Inclusive, los vecinos del jubilado le dijeron a este medio que tiene desequilibrios psiquiátricos (ver página 5).

En el inicio de la causa, el representante del Ministerio Público le apuntó al obispo auxiliar Carlos María Domínguez como presunto responsable de una estafa contra el jubilado, debido a que fue el que actuó en representación de la Iglesia en la operación comercial. El hilo de la investigación continuó, hasta ahora, con la escribana.

Becerra le entregó a este medio un informe del Registro de la Propiedad del Inmueble, el cual indica que el anciano "no se encuentra inhibido para disponer de sus bienes". Fue el documento que solicitó Celani, el cual refleja que el vendedor no tenía ninguna restricción legal para firmar la escritura traslativa de dominio de su casa en Caucete. El abogado afirmó que el jubilado no sólo asistió a la escribanía en la instancia final de venta (que fue el 30 de diciembre), sino que también "concurrió en todos los actos previos sin demostrar una incapacidad evidente", dado que entregó "fotocopia de escritura, la escritura, copia de DNI y datos personales".

Becerra fue más allá y resaltó que el jubilado "hizo anticipo de herencia a sus hijos, donaciones de otros inmuebles, por lo menos uno cada uno. En ese caso, nunca fue cuestionada la capacidad psiquiátrica del señor López. Hay incoherencia en los denunciantes". Además, agregó que, en enero, cuando el ingeniero agrimensor hizo la actualización de la mensura, tuvo contacto con uno de los hijos y le dijo que si quería oponerse para que quedara constancia, este le indicó que no. "Ya sabían que había una venta a favor del Arzobispado", manifestó el abogado.

La compra de la casa (sin el salón comercial, aclaró Becerra) tuvo un costo de 1 millón de pesos, según las constancias. En ese marco, el abogado dijo que, en base a la información que obtuvo, el pago se hizo en efectivo. Inclusive, expresó que "la Iglesia se hizo cargo de todos los impuestos adeudados, el costo de la mensura y de la escritura, que no son menores". En la negociación, el jubilado usará su hogar hasta su fallecimiento y, después quedaba en poder del Arzobispado, aunque la escritura nunca se perfeccionó.

Curatela

Luego de la internación judicial del jubilado, sus hijos iniciaron el trámite de curatela en el Primer Juzgado de Familia, en el que se designa a un curador para la administración de los bienes de una persona incapaz. Sobre ese punto, Becerra se preguntó quién firmará la rescisión del contrato, dado que el hombre es incapaz, como dicen sus familiares, y el trámite no está terminado.

Denuncia

Sergio y Rubén López dijeron en la denuncia que en mayo conocieron de la venta de su padre al Arzobispado. Becerra manifestó que ya sabían en enero.

Pedido fiscal

El fiscal Rodríguez pidió la investigación contra el obispo auxiliar y la escribana. El abogado dijo que el planteo revela "el desconocimiento de la función notarial".

Medidas

El agente del Ministerio Público solicitó también el allanamiento del Arzobispado y de la escribanía para el secuestro de documentación.