Tras una inspección ocular clave en la obra del Acueducto Gran Tulum, los fiscales de la investigación dieron una conferencia a la prensa.
Los fiscales Francisco Pizarro y Sebastián Gómez, junto con un equipo de ayudantes fiscales, son los encargados de llevar a cabo la investigación por la denuncia presentada por Marcelo Arancibia, que pone en la mira presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum.
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DIARIO DE CUYOEn el marco de una investigación que genera fuerte expectativa en la provincia, el Ministerio Público Fiscal llevó a cabo una exhaustiva inspección ocular en diversos puntos de la megaobra del Acueducto Gran Tulum. La medida judicial, realizada el pasado 10 de marzo, buscó contrastar la documentación recibida con el estado real de los trabajos en el terreno.
Este jueves, dos días después de la medida de prueba, la UFI Delitos Especiales, especializada en la investigación de delitos de corrupción, dio una conferencia de prensa para hablar del trabajo realizado en el proyecto. El fiscal Francisco Pizarro, quien encabezó el inicio de la conferencia de prensa, confirmó que la inspección recorrió puntos críticos desde el obrador en el Dique Punta Negra hasta la planta potabilizadora de OSSE en Marquesado.
Pizarro explicó que la causa se encuentra en una etapa de investigación previa desde que se recibió la denuncia el 22 de diciembre de 2025. "Estamos analizando la documentación que se le ha pedido tanto a OSSE como al Gobierno de la provincia, la cual empezamos a recibir en los primeros días de febrero". El fiscal subrayó que, por el momento, no hay imputados ni personas señaladas específicamente, ya que el objetivo actual es determinar si existe la comisión de algún delito o si la denuncia debe ser desestimada.
Por su parte, el fiscal Sebastián Gómez profundizó sobre el alcance de las pesquisas, señalando que la denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia es genérica y se basa en presuntas irregularidades difundidas en medios periodísticos. "No se descarta absolutamente nada. Se investiga a todos los que participaron en la obra, ya sean personas físicas, empresas de la UTE o proveedores de materiales".
La comitiva judicial contó con la colaboración de la Brigada de Delitos Especiales, Policía Científica y la División Rural, que aportó drones para el registro aéreo de las zonas donde la cañería ya se encuentra enterrada. Los fiscales destacaron la predisposición de los ingenieros de la UTE y de OSSE durante el recorrido por Villa Tacu y la Ruta 12.
La Justicia dispone ahora de un plazo de 90 días hábiles, prorrogables por otros 90, para concluir esta etapa de investigación previa y decidir si se formaliza la imputación contra los responsables del proyecto