El jefe comunal, Sebastián Carbajal, explicó cómo se detectó el faltante millonario tras una auditoría interna en las rendiciones de San Juan Servicios. Confirmó que la exfuncionaria sigue en el municipio, pero apartada de las áreas financieras, y lanzó duras críticas por el financiamiento de las rutas mineras.
Tras la primera audiencia judicial que puso bajo la lupa a la extesorera municipal Marta Campos por la presunta sustracción de 107 millones de pesos, el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, dio detalles del circuito financiero en el que se detectó la maniobra y fijó una firme postura política sobre el desarrollo vial y minero en el departamento.
El jefe comunal remarcó que la investigación penal se originó a partir de los controles internos iniciados bajo la premisa de transparencia institucional impulsada desde su asunción. Según explicó, el faltante de fondos está vinculado directamente a la recaudación que realizaba el municipio a través del convenio con la red San Juan Servicios.
"Desde el momento en que yo asumí la intendencia el 10 de diciembre de 2023, he llevado adelante una gestión de transparencia. Son numerosas las denuncias de irregularidades por faltantes de bienes que he realizado, por deudas que no fueron claras, las cuales fueron denunciadas en su tiempo y forma", señaló Carbajal en diálogo con 0264 Radio.
El jefe municipal precisó que el desfase millonario abarca las maniobras correspondientes a los ejercicios de 2023 y 2024. Al detectarse las primeras inconsistencias en las rendiciones, se ordenó una revisión exhaustiva a cargo de profesionales. "Con el contador municipal detectamos que había un faltante de 50 millones en el ejercicio 2023 y, entre 2023 y 2024, suman aproximadamente 107 millones de pesos. Decidí separar a la tesorera Marta Campos de su actividad y trasladarla a otra área, mientras ordené una auditoría con especialistas que determinaron este monto que hoy estamos hablando", detalló.
Respecto al origen de las sumas bajo sospecha, el intendente aclaró que correspondían al cobro en efectivo de obligaciones fiscales provinciales y tasas municipales recaudadas en la sede comunal mediante el sistema San Juan Servicios. El dinero debía trasladarse y depositarse semanalmente en la única entidad bancaria operativa en el departamento en aquel período, la sucursal del Banco Nación.
Sobre la maniobra, Carbajal remarcó la falta de documentación respaldatoria que justificara el destino final de las sumas percibidas. "Existe esta incongruencia de todos estos millones que no puede justificar dónde están o dónde fueron depositados. Al solicitar los comprobantes, esos comprobantes no existían. El dinero ingresó, pero no se depositó en la cuenta final en la que debía depositarse. Faltan los movimientos y los comprobantes del depósito", afirmó.
A pesar de la imputación judicial, la exempleada permanece cumpliendo funciones en el municipio, aunque apartada del manejo de fondos. "Sigue trabajando en un área ajena a tesorería y finanzas; hasta que se cierre la investigación, ella tiene que seguir trabajando en el municipio", aclaró Carbajal sobre la situación administrativa de la imputada.
