La Libertad Avanza no consiguió reunir las firmas necesarias para avanzar con el proyecto que amplía los beneficios para grandes inversiones. El oficialismo aceptó modificaciones del PRO y la UCR, pero surgieron nuevos pedidos.
Las senadoras Patricia Bullrich (LLA) y Flavia Royón (Primero los salteños) y el senador Luis Juez (LLA), durante una sesión.
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El oficialismo volvió a postergar el avance del “super-RIGI” en el Senado. El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General pasó a un cuarto intermedio hasta la próxima semana, debido a que La Libertad Avanza todavía no consiguió las firmas necesarias para emitir dictamen y llevar el proyecto al recinto.
La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Javier Milei y aprobada previamente por la Cámara de Diputados, amplía el actual Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y busca atraer proyectos de al menos US$1.000 millones en sectores considerados estratégicos o de desarrollo futuro.
La reunión de las comisiones se extendió durante una hora y media. Al finalizar, el senador libertario Agustín Monteverde anunció el cuarto intermedio.
“El dictamen aún está circulando, no tiene todavía todas las firmas”, explicó el senador del PRO Martín Goerling Lara a SenadoTV.
El Gobierno ya había aceptado modificaciones planteadas por el PRO y la UCR para intentar garantizar el acompañamiento de los bloques dialoguistas.
Entre los cambios incorporados figura la exigencia de que los grandes proyectos de data centers que tengan un consumo energético significativo cuenten con mecanismos propios de abastecimiento o subestaciones eléctricas, especialmente cuando puedan afectar el servicio de una región o municipio.
También se incorporó un esquema para impulsar la participación de proveedores locales.
Sin embargo, durante la discusión de este miércoles surgieron nuevos pedidos. Desde sectores del PRO, el radicalismo y Provincias Unidas plantearon que la obligación de comprar insumos nacionales alcance a determinados productos incluso cuando tengan un costo de hasta 15% superior al importado.
Además, propusieron elevar al 40% el porcentaje de bienes transables que deberán adquirir a desarrolladores locales.
El proyecto que llegó desde Diputados ya contemplaba un programa de desarrollo de proveedores nacionales, impulsado por la bancada del MID, de Oscar Zago y Eduardo Falcone.
La propuesta establecía que el 20% de la inversión debía destinarse a la contratación de bienes o servicios dentro del país.
Ahora, los senadores buscan precisar que dentro de ese porcentaje sean considerados únicamente determinados bienes transables, además de incorporar nuevas condiciones para favorecer a la producción nacional.
Los cambios todavía forman parte de la negociación entre el oficialismo y los bloques aliados, por lo que podrían modificarse antes de que finalmente se emita el dictamen.
Uno de los puntos que generó discusión fue el impacto que podrían tener los grandes proyectos sobre los recursos estratégicos del país.
El senador libertario Bartolomé Abdala defendió la iniciativa y sostuvo que se trata de inversiones que la Argentina tendría dificultades para captar sin un régimen de estas características.
“Estamos hablando de grandes inversiones que, sin este tipo de legislación, son difíciles de captar”, afirmó. Según planteó, esos proyectos podrían generar empresas satélite y favorecer un efecto de expansión sobre otras actividades económicas.
Desde el peronismo, en cambio, el senador Jorge Capitanich cuestionó el nivel de empleo que podrían generar algunas de las inversiones y puso el foco en el uso de recursos naturales.
“El proyecto tiene muy bajo nivel de empleo y gran uso de recursos naturales de carácter estratégico, como reservas de agua dulce y energía”, sostuvo.
También cuestionó que la nueva redacción no establezca mayores precisiones sobre la certificación de las condiciones ambientales y de infraestructura.
El proyecto establece un esquema de beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios para grandes inversiones, junto con garantías de estabilidad por aproximadamente 30 años.
La iniciativa está destinada a proyectos de al menos US$1.000 millones vinculados con industrias consideradas estratégicas, de futuro o con escaso desarrollo en la Argentina.
Entre los principales beneficios se encuentra una reducción del Impuesto a las Ganancias al 15% y un régimen de amortización acelerada: 60% durante el primer año y 20% en cada uno de los dos años siguientes.
También contempla certificados de crédito fiscal para cancelar IVA y contribuciones patronales, con una alícuota única del 10%.
En materia de dividendos, se establece una alícuota del 7%, que se reduciría al 3,5% después de cuatro años de adhesión al régimen. Los quebrantos, en tanto, podrán deducirse sin límite temporal.
El proyecto también propone la exención de derechos de importación, la eliminación de derechos de exportación y la eliminación de determinadas restricciones y cupos para operar.
En cuanto al acceso a las divisas generadas por las exportaciones, plantea un esquema progresivo. A partir del tercer año, los inversores podrían disponer del 100% de los dólares provenientes de sus exportaciones.
La nueva postergación obliga al oficialismo a continuar negociando con sus aliados durante los próximos días. La intención de La Libertad Avanza es conseguir las firmas necesarias y avanzar con una sesión durante septiembre.
El camino legislativo todavía tendrá una instancia más: si el Senado introduce modificaciones y finalmente aprueba el proyecto, deberá regresar a la Cámara de Diputados, que tendrá que aceptar los cambios para convertirlo en ley.
Así, el Gobierno deberá cerrar primero el acuerdo con el PRO, la UCR y los demás bloques dialoguistas para destrabar el dictamen del régimen que considera clave para atraer grandes inversiones al país.
