El Juzgado Federal N.º 1 de Buenos Aires reiteró un pedido de información a la jueza María Mónica Lucero para conocer el objeto procesal y el estado actual de la causa provincial.
El viernes, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 1 de Buenos Aires volvió a solicitarle a la jueza María Mónica Lucero que informe cuál es el objeto procesal y el estado actual de la causa que tramita en la UFI de Delitos Especiales de la provincia. El requerimiento fue formalizado el viernes 6 de noviembre, mediante un oficio dirigido a la jueza sanjuanina.
El documento está vinculado con el expediente federal CFP 5004/2026 y solicita que Lucero certifique la situación de la causa provincial MPF-SJ.33347/2025, caratulada "Actuaciones por denuncia en perjuicio de la Administración Pública". En concreto, la Justicia Federal busca conocer qué hechos se investigan y cuál es el alcance de la pesquisa, además de saber en qué instancia se encuentra actualmente.
No se trata de un pedido nuevo. El propio oficio utiliza la expresión "reiterarle", lo que confirma que el juzgado federal ya había requerido esa información y ahora vuelve a insistir para obtenerla a la mayor brevedad posible. Cabe recordar que todo empezó con el pedido del expresidente de OSDE, Fabián Ruiz, para llevar la causa del Acueducto a la Justicia Federal. El fiscal de la causa, Sebastián Gómez, se había negado a brindar la información.
El requerimiento se produce en el marco de un planteo de inhibitoria, mecanismo procesal mediante el cual un juez solicita a otro que se aparte de una causa porque considera que no tiene competencia para intervenir. En este caso, el expediente federal busca avanzar sobre la discusión acerca de qué fuero debe tener a su cargo la investigación. Para ello, necesita conocer formalmente el objeto y el estado de las actuaciones provinciales.
El expediente federal ingresó el 9 de octubre y tuvo una primera intervención de Daniel Rafecas, quien se encontraba subrogando el Juzgado Federal N.º 1. El magistrado le dio curso inicial al planteo el 13 de octubre y solicitó informes a la Justicia sanjuanina. El nuevo oficio, fechado el 6 de noviembre, lleva las firmas digitales de María Romilda Servini y Agustín Juan Miragaya.
Por ahora, el documento no resuelve la cuestión de competencia ni implica que la investigación haya pasado a la órbita federal. La respuesta de la jueza Lucero será un elemento relevante para que el juzgado pueda avanzar en el trámite de la inhibitoria y determinar cómo continuará la disputa entre ambos fueros por la investigación de las presuntas irregularidades vinculadas con el Acueducto Gran Tulum.
